Dignidad y Justicia vincula la semilibertad de Anboto al pacto entre PSOE y Bildu

Dignidad y Justicia liga la semilibertad de Anboto al pacto PSOE-Bildu y denuncia que sigue investigada por asesinatos sin resolver.

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La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto' y una de las voces del video que anunció la disolución de la banda terrorista, minutos antes del comienzo de un juicio. En Madrid, a 8 de julio de 2020. Pool

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La asociación Dignidad y Justicia sostiene que la decisión de conceder el régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, es “el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa”.

En un comunicado, la organización afirma además que el Gobierno vasco “ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo”.

Dignidad y Justicia recuerda que “la semilibertad de Anboto se produce después de la que ha sido concedida a otra treintena de terroristas, entre los que se encuentra el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Todos estos terceros grados encubiertos solo reflejan que el Estado de Derecho no funciona, que la reinserción es mentira y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos”.

Sigue investigada en la Audiencia Nacional

La asociación denuncia igualmente que la exjefa de ETA haya accedido a la semilibertad mientras continúa investigada en la Audiencia Nacional (AN) en varias causas relacionadas con una decena de asesinatos sin esclarecer, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa.

Subraya también que la antigua dirigente etarra, condenada a 717 años de cárcel por su implicación en 14 asesinatos, no ha facilitado datos para aclarar los crímenes que conoce, un extremo que, según recuerda Dignidad y Justicia, la ley contempla como requisito para otorgar cualquier beneficio penitenciario.

La asociación apunta que, desde que Iparraguirre asumió la jefatura de ETA en marzo de 1992 tras la caída de la cúpula de Bidart, la banda cometió 33 asesinatos que siguen sin resolverse “sobre los que ella tiene seguro información sensible para colaborar en su esclarecimiento”, tal y como insiste el colectivo.

En la misma nota, Dignidad y Justicia lamenta que “los etarras salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia. Hay 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas que han sido liberados ha ayudado a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas”.