QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El malestar por cómo se han tramitado las denuncias contra el exdirigente socialista Francisco Salazar se ha extendido con fuerza en el PSOE, alcanzando incluso a sectores muy próximos al presidente Pedro Sánchez. Así lo trasladan distintos cargos de la formación, que reclaman a la Secretaría de Organización, dirigida por Rebeca Torró, que encare de una vez esta crisis y le ponga un cierre claro.
La indignación interna se refleja en varios chats de cargos públicos y militantes en los que se suceden reproches muy duros ante lo que perciben como un intento de “tapar” los supuestos episodios de acoso atribuidos a Salazar.
“Los grupos están ardiendo”, resume un parlamentario socialista, que subraya que las críticas proceden incluso de los más “pedristas”. Entre muchos cuadros se extiende la impresión de que el enfado es aún mayor que con los casos de presunta corrupción que acabaron llevando a prisión a los dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Algunos de estos comentarios, a los que ha tenido acceso Europa Press, los firman militantes que hasta ahora habían defendido sin matices a Sánchez y que, sin embargo, han optado por hacer públicas sus quejas ante un episodio que califican de “sonrojante”.
“El caso Salazar demuestra que los partidos siguen defendiendo o tapando actitudes o hechos intolerables a los que creen son ‘uno de los nuestros’” apunta una militante, que asegura sentir “vergüenza” y sostiene que se ha intentado enterrar el caso para proteger al implicado.
Este sábado Sánchez asumió personalmente el fallo de haber tardado meses en contactar con las denunciantes y lo atribuyó a la falta de recursos en la Oficina contra el Acoso del PSOE encargada del expediente. Además, negó mantener relación con Salazar desde su apartamiento, en una conversación informal con periodistas durante el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso.
La foto de Pilar Alegría y su impacto en el partido
Una parte sustancial de las críticas internas se concentra en la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, después de que el pasado noviembre fuera fotografiada almorzando en un restaurante de Madrid con Salazar, cuando ya constaban denuncias por acoso contra él y había sido apartado de sus responsabilidades.
Según las fuentes consultadas, esa imagen ha supuesto un golpe serio a la credibilidad del PSOE, al proyectar la sensación de que las decisiones adoptadas no son firmes y responden únicamente a “un escaparate”, simple “postureo”, mientras se preservan los lazos con la cúpula del partido y del Ejecutivo.
El mensaje que perciben las denunciantes, señalan estas fuentes, es que el vínculo con Salazar se mantiene y que él continúa “asesorando”, pese a que desde Moncloa niegan de forma tajante que siga desempeñando ningún tipo de función ni para el Gobierno, ni para el PSOE ni para el PSC.
En cualquier caso, distintos dirigentes califican lo ocurrido de “torpeza” e incluso de “tomadura de pelo” tanto hacia las afectadas como hacia el conjunto del partido, muy molesto porque no se contactase con las víctimas hasta cuatro meses después de presentarse las denuncias y solo cuando un medio de comunicación puso el foco en la falta de actuación.
Exigen una resolución completa y explicaciones claras
Un miembro de la Ejecutiva Federal reconoce que no se ha actuado con la diligencia necesaria ni se ha mostrado la cercanía debida con las denunciantes, y reclama al área de Organización de Rebeca Torró que dé una salida definitiva al asunto.
A su entender, todavía faltan explicaciones sólidas sobre lo sucedido y sobre las gestiones realizadas por el partido durante estos meses, pese a que este viernes Ferraz trató de rebajar la tensión con una circular interna en la que admite no haber estado a la altura y detalla, paso a paso, los movimientos realizados en este periodo.
Aunque Salazar ya causó baja como militante del PSOE y, por tanto, no es posible imponerle sanciones orgánicas, este dirigente insiste en que hay que culminar el expediente y adoptar una resolución final que permita cerrar una crisis interna “seria” y “desagradable”.
El proceso, recalca, no puede quedarse a medio camino y debe concluir con una posición inequívoca de la organización sobre estos hechos y sobre si han quedado suficientemente acreditados a partir de los testimonios recabados.
