EEUU acusa a Ione Belarra de fomentar antisemitismo por evento pro-Palestina

Archivo - La secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione BelarraEuropa Press/Contacto/Gustavo Valiente - Archivo

La dirigente de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha sido acusada por las autoridades de Estados Unidos de incitar al antisemitismo tras organizar un evento titulado ‘Defensa de Palestina y criminalización en Europa’ en el Congreso de los Diputados, contando con la participación de dos activistas en favor de Palestina.

‘El 3 de junio (de 2024), la diputada y exministra de Derechos sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del (7) de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir’, destaca el informe anual sobre Derechos Humanos emitido recientemente por el Departamento de Estado de EE.UU.

Reacciones y preocupaciones

En la sección del informe dedicada a ‘actos de antisemitismo e incitación antisemita’, se menciona que ‘grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas que consideraban antisemitas por parte de políticos’. Además, el informe subraya un aumento del 77 por ciento en los delitos de odio antisemitas en España, de trece en 2022 a 23 en 2023. El Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España también ha señalado ‘múltiples incidentes antisemitas durante el año’.

Estos incidentes han incluido discursos de odio antisemitas en redes sociales, amenazas de violencia y actos de vandalismo contra la comunidad judía. Un ambiente de hostilidad fue también observado en los campus universitarios, donde se reportó acoso hacia estudiantes y académicos judíos, según la Red Académica contra el Antisemitismo.

Aunque el informe abarca otros temas como la libertad de prensa y los derechos laborales, destaca que no se han registrado ‘cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos’ en España, y que el gobierno ha implementado ‘medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos contra los Derechos Humanos’.

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