El Ejecutivo afirma que el informe de la UCO confirma ‘la falsedad de las acusaciones’ contra Torres

El informe de la UCO revela que las acusaciones contra Ángel Víctor Torres son infundadas, según la portavoz del Gobierno.

(i-d) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de educación, formación profesional y deportes, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica GarcíaMatias Chiofalo - Europa Press

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esclarece ‘la falsedad de las acusaciones’ respecto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Según Alegría, hasta ahora el documento ha demostrado claramente que las denuncias en su contra son infundadas.

En una declaración posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha reiterado que ‘queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres’. Además, ha señalado que los avances en los procesos judiciales van revelando la verdad, descartando así cualquier implicación de Torres en los hechos investigados.

Según el informe de la UCO, Torres, en su etapa como presidente de Canarias, habría solicitado ‘pagos pendientes’ a favor de la empresa Soluciones de Gestión, que supuestamente recibió contratos de forma irregular para el suministro de mascarillas. ‘Estoy encima de tu pago’, expresó Torres en un mensaje a Koldo García, quien, según la UCO, poseía ‘influencia’ para realizar dichas solicitudes.

Este informe, al que tuvo acceso Europa Press, detalla las contrataciones realizadas por Canarias y ha sido presentado ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dentro del ‘caso Koldo’. Los investigadores indican que la compra de mascarillas a la mencionada empresa por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

Además, se sospecha que estos contratos sanitarios podrían explicar los pagos de 10.000 euros mensuales en efectivo que Víctor de Aldama, presunto intermediario del ‘caso Koldo’, habría estado entregando a García desde octubre de 2019, como parte de un acuerdo que incluía solicitudes de favores.

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