QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo de Aragón ha indicado que los recursos disponibles en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados ubicado en Teruel son exactamente los mismos que cuando el PSOE estaba en el poder.
Un siniestro, que actualmente está bajo investigación por parte de la Policía Nacional, ha dañado este centro, localizado en la calle Comadre de la capital turolense, en las primeras horas de este viernes, y como resultado dos educadores resultaron heridos por inhalación de humo.
La responsabilidad de la seguridad ciudadana es del subdelegado del Gobierno, así como el control del incremento de la conflictividad y los problemas que se generan en la zona y que él mismo ha negado en reiteradas ocasiones, ha afirmado el Gobierno regional.
En relación a los menores, el preocupante cambio en el perfil de los menores tutelados por los Gobiernos autonómicos son la consecuencia directa de la política migratoria de puertas abiertas del Gobierno de España y del efecto llamada que se está generando, tal y como venimos denunciando desde hace casi dos años todad las comunidades autónomas.
Lo que deberían explicar el subdelegado del Gobierno y la secretaria general del PSOE y ministra del PSOE, Pilar Alegría, es con qué medios económicos y personales piensan que desde las comunidades autónomas se puede trabajar con los mas de 4.000 menores que pretenden imponer en las comunidades autónomas y cuyo traslado continuará generando un efecto llamada y el desboradamiento de los sistemas de protección de menores.
Desde el Gobierno regional han reiterado que quien ha generado este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez, es quien debe solucionarlo, tal y como ya manifestó el Gobierno de Aragón antes de la conferencia sectorial que finalmente no llegó a celebrarse este jueves.
Debe ser el Gobierno de España con sus medios quien se hagan cargo de los menores migrantes y cree su propio sistema de acogida. El Gobierno de Aragón está convencido de que no serán capaces de asumir la acogida, la atención sanitaria y la atención educativa de 251 menores migrantes con 3 millones de euros tal y como pretende imponer el Gobierno de Pedro Sánchez.
