El Ejecutivo ha reafirmado que se respetaron “todas las previsiones normativas” en las visitas a Víctor de Aldama en la cárcel, ante las sospechas del PP de un posible intento de “comprar su silencio” durante su encarcelamiento preventivo. El Gobierno ha respondido así a las cuestiones planteadas por el partido en la oposición en una respuesta parlamentaria del 16 de septiembre, informe al cual tuvo acceso Europa Press.
Los diputados del PP Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, habían registrado una pregunta sobre la “entrada de dos personas sin identificar” en la prisión de Soto del Real para visitar a Aldama, supuestamente para ofrecerle beneficios. El principal grupo opositor sugirió que estas visitas podrían haber sido realizadas por agentes de la Policía Nacional, con autorización de altos cargos gubernamentales.
Además, el Gobierno afirmó que las comunicaciones de los reclusos se realizan bajo la protección de la legislación penitenciaria, asegurando que se cumplen todos los requisitos establecidos. También se mencionó la solicitud del PP de cesar al jefe de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por supuestamente obstruir investigaciones relacionadas con otro caso, el ‘caso Koldo’.
Por otro lado, el PP cuestionó sobre presuntas reuniones entre altos cargos del Ministerio del Interior y la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En respuesta, el ministro Fernando Grande-Marlaska aclaró en el Congreso que no se habían producido tales encuentros.