QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha rechazado la propuesta de Vox que solicitaba modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para realizar un recuento separado de los votos por correo, argumentando que esto duplicaría los gastos en urnas y actas de escrutinio. Según la Constitución, el Ejecutivo puede detener cualquier iniciativa legislativa que afecte el presupuesto estatal, ya sea aumentando los gastos o reduciendo los ingresos.
La propuesta de Vox, registrada en junio y reportada por Europa Press, pedía aumentar las medidas de seguridad del voto por correo para protegerlo contra posibles fraudes, citando problemas actuales de seguridad, trazabilidad y transparencia. Vox proponía que los votos enviados por correo se contabilizaran de manera independiente, a diferencia del sistema actual que los mezcla en una única urna para mantener el secreto del voto.
El Gobierno, en su comunicación de desacuerdo a la que Europa Press tuvo acceso, indicó que la iniciativa requeriría duplicar los recursos materiales, como la compra de una urna adicional por elección y una acta de escrutinio adicional. En las elecciones generales de julio de 2023, el costo de las urnas fue de 187.240 euros y el de las actas de 202.171,47 euros, cifras que se duplicarían bajo la propuesta de Vox.
Adicionalmente, la Mesa del Congreso ha detenido otra iniciativa de Vox que solicitaba al Tribunal de Cuentas evaluar los gastos del Estado en gestión de inmigración ilegal. Esta propuesta fue considerada inadecuada para tal solicitud, optando por dirigirla a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, según fuentes parlamentarias.
