El Ejecutivo ha negado tener responsabilidad directa en las presuntas acciones corruptas de Santos Cerdán, ex dirigente del PSOE, argumentando la imposibilidad de detectar estas debido a la estructura de la trama, que operaba mediante una alianza empresarial para el cobro de comisiones.
Según fuentes del Gobierno, no se observan anomalías o manipulaciones en los procesos de contratación pública en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque admiten que recibir dinero sería delictivo en caso de que Cerdán lo hubiera hecho.
Este lunes, el Tribunal Supremo ha liberado a Cerdán tras casi cinco meses de prisión preventiva, pero ha señalado que la investigación ha intensificado las sospechas de varios delitos de corrupción: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El informe menciona que Servinabar, compañía de la cual Cerdán es socio mayoritario, recibía el 2% de los contratos otorgados a Acciona, beneficiando económicamente a su familia a través de salarios, alquileres y el uso de una tarjeta bancaria. La formación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, según el Gobierno, ocultaba estos ingresos irregulares.
Las fuentes describen a Cerdán como un individuo de vida austera, «Era como un monje», y subrayan que no mostraba signos de un estilo de vida lujoso. Si bien, su socio Antxón Alonso, en un mensaje de la UCO, criticaba el derroche de la esposa de Cerdán, evidenciando un contraste en la percepción de su nivel de vida.
Desde el Gobierno y el PSOE, se muestra sorpresa por las acusaciones y se ha defendido su integridad, incluso después de la aparición del informe inicial de la UCO que implicaba a Cerdán en prácticas corruptas. Ahora, tras su liberación, en el Gobierno no esperan que Cerdán implique a más personas o haga nuevas revelaciones, manteniendo que proclamará su inocencia.