El Ejecutivo de España ha evaluado positivamente la iniciativa propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una vía para resolver el conflicto en Gaza, instando a las partes a considerarla. No obstante, ha enfatizado que el cumplimiento del Derecho Internacional es crucial independientemente del resultado de dicha propuesta.
El presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros en dar “la bienvenida” a esta iniciativa “impulsada por Estados Unidos”, destacando la necesidad de poner fin al sufrimiento. A su vez, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que “saluda” el plan, aunque sin profundizar en su contenido.
En contraposición, el socio minoritario Sumar ha expresado su rechazo a la propuesta, argumentando que no asegura la autodeterminación del pueblo palestino y la considera una “imposición” por parte de Washington.
Trump ha propuesto un plan que incluye un alto al fuego y la liberación de rehenes israelíes en 72 horas, además de la creación de una ‘Junta de la Paz’ liderada por él y una ‘Fuerza Internacional de Estabilización’ para controlar el enclave palestino y desarmar a Hamás.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado el compromiso de España con una solución de dos Estados y el respeto al Derecho Internacional Humanitario y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). “España siempre va a explorar cualquier oportunidad para una paz genuina en Gaza”, afirmó en un comunicado de su Ministerio.
Albares, tras conversaciones con líderes internacionales, ha urgido a todas las partes a involucrarse en la propuesta de paz. Ha dejado claro que los términos del plan de Trump no alteran la postura previa del Gobierno, que incluye el fin de la hambruna y el desplazamiento forzoso, la liberación de rehenes y el cese de operaciones militares israelíes en Gaza con miras a establecer un Estado palestino viable.
Finalmente, el ministro puntualizó que España seguirá exigiendo el cumplimiento del Derecho Internacional y las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que son obligatorias para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, incluido Israel.