La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha declarado recientemente que el Ejecutivo tiene planeado pedir al Tribunal Supremo (TS) el permiso necesario para reubicar a los menores migrantes no acompañados con ‘todas’ las garantías jurídicas, asegurando así el interés superior del menor.
Esta petición surge ante el ‘continuo rechazo’ de algunas comunidades autónomas, lo cual, según fuentes gubernamentales, ‘hace imprescindible’ la intervención del Supremo para ‘garantice la protección jurídica de los menores’. Estas declaraciones se dieron en una reciente reunión del Comité Interadministrativo entre los gobiernos de España y Canarias, enfocada en implementar la decisión del TS sobre la acogida de menores solicitantes o beneficiarios de Protección Internacional en Canarias.
Además, en la reunión se comunicó que el Gobierno español aprobará una declaración de emergencia por 40 millones de euros en el siguiente Consejo de Ministros para la derivación de estos menores, además de crear otras 1.200 plazas en el territorio nacional para ‘aliviar’ la carga de Canarias.
El Gobierno de Canarias, por su lado, ha confirmado la acreditación de la entidad que colaborará con los menores en el centro Canarias 50, dependiente del Ministerio de Migraciones. También se informó que las obras de acondicionamiento de una parte del centro, previamente usada para acoger a mujeres y familias, estarán completas el 22 de julio, permitiendo iniciar las acogidas ‘de inmediato’.
Con estas acciones, el Gobierno español ‘cumple así’ con el calendario comprometido ante el Supremo, asegurando que los primeros traslados comiencen antes de finalizar julio.
En este comité interadministrativo participan representantes de varios ministerios del Gobierno de España, incluyendo los de Política Territorial; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; e Infancia y Juventud.