La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados analiza este jueves una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se denuncia el incumplimiento del Ejecutivo en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y el impacto económico que ello ha generado en las universidades públicas.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Gobierno que proceda "de manera urgente" al abono completo de las cuantías que adeuda a las universidades públicas por la aplicación de la reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo las indemnizaciones y los finiquitos del personal investigador afectado.
El Partido Popular plantea además que el Ejecutivo haga público, en el plazo máximo de un mes, un informe detallado remitido a la Comisión de la Cámara Baja en el que se concrete el importe total aún pendiente de pago, la relación de universidades afectadas, las cantidades que cada una ha tenido que adelantar y un calendario de pagos cierto y verificable.
El texto popular también exige al Gobierno que asegure que cualquier futura modificación normativa en materia de derechos laborales del personal investigador no entre en vigor sin la correspondiente memoria económica suficiente, una dotación presupuestaria previa y la transferencia efectiva de los fondos necesarios a las universidades.
Asimismo, el PP reclama al Ejecutivo que evalúe y compense el impacto financiero soportado por las universidades públicas debido a los retrasos en los pagos comprometidos, y que habilite mecanismos extraordinarios que impidan recortes en docencia, actividad investigadora o nuevas contrataciones.
La formación popular solicita, por último, la comparecencia, en el plazo "más breve posible", de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el Congreso "para explicar los motivos del retraso, depurar responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse".
Los rectores ya habían reclamado al Ministerio que honre su compromiso de asumir los gastos derivados de las indemnizaciones por finalización de contratos, tanto predoctorales como posdoctorales, que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.
De acuerdo con los datos aportados por las propias universidades, los campus han tenido que adelantar el pago de 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores cuyos contratos predoctorales y postdoctorales finalizaron entre 2022 y 2025.
La ministra Diana Morant se comprometió en 2022 a asumir el coste de la finalización de estos contratos, una medida que afecta a 18.000 jóvenes investigadores en España y que supone una inversión superior a 60 millones de euros.
Por este motivo, las universidades reiteran al Ministerio que "cumpla con su compromiso de asumir el abono de estas indemnizaciones, y que afecta fundamentalmente a las universidades públicas".