El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo 14 de abril, fecha en la que se conmemora el 95 aniversario de la proclamación de la II República, dos iniciativas parlamentarias que reclaman al Gobierno el reconocimiento de las mujeres represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer y la condena del denominado “bibliocausto”, es decir, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por los sublevados al considerarlos subversivos.
En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja y recogida por Europa Press, Esquerra plantea modificar la Ley de Memoria para que se reconozca jurídicamente y en el ámbito administrativo como víctimas de la represión a las mujeres internadas en centros dependientes del Patronato entre 1941 y 1985, de forma que puedan acceder a indemnizaciones.
La iniciativa también reclama que se divulgue la represión ejercida desde este organismo, adscrito al Ministerio de Justicia pero gestionado por órdenes religiosas. Además, pide que en el plazo de un año se elabore un inventario con toda la documentación sobre el Patronato que se conserve en instituciones públicas y que se constituya un grupo de trabajo de especialistas encargado de estudiar ese material y formular propuestas para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en las políticas de verdad, justicia y reparación.
Investigación y memoria del “bibliocausto”
En la misma sesión plenaria, el PSOE defenderá otra proposición no de ley orientada a investigar el “bibliocausto”, incorporarlo a los contenidos educativos y reconocer el compromiso con la cultura de quienes estuvieron al frente de librerías, bibliotecas y editoriales y sufrieron represión.
Los socialistas subrayan que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el final de la Guerra Civil, se llevaron a cabo quemas públicas de libros similares a las organizadas tres años antes en Alemania bajo el impulso del régimen nazi.
Según detalla la exposición de motivos de la iniciativa, también recogida por Europa Press, desde los primeros días del levantamiento militar los sublevados concentraron sus esfuerzos en la incautación y destrucción de libros y en la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Como consecuencia, numerosos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.
La primera gran quema en A Coruña
Con la finalidad de “limpiar y purificar el país de las ideas subversivas”, y además de eliminar o recluir a quienes las difundían o compartían, la Falange y el ejército franquista no solo organizaron directamente hogueras de libros, sino que animaron a sus simpatizantes a participar en ellas, tal y como reflejaron los periódicos del bando franquista.
La primera gran quema pública documentada tuvo lugar en A Coruña el 19 de agosto de 1936, donde fueron destruidos más de 1.000 volúmenes de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto con la biblioteca particular del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga. En ese contexto, también fue asaltada la editorial gallega Nós y su director, Anxel Casal, fue fusilado.
Conforme avanzaba la contienda, se aprobaron decretos y bandos que obligaban a entregar o permitían requisar los libros considerados prohibidos. En Sevilla, por ejemplo, Queipo de Llano dio un plazo de 48 horas a la población para entregar sus libros y autorizó a falangistas a recorrer librerías y editoriales para confiscar todo el material catalogado como “pornográfico, marxista, ácrata y disolvente”.
También se produjeron hogueras en pequeñas localidades, donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales. La primera biblioteca universitaria sometida a una purga fue la de Valladolid en 1937, seguida de la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se registraron en 1939, tras la caída de Madrid, cuando con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) organizó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, arrojaron a las llamas diversos ejemplares.
Depuración de fondos y represión de profesionales
Paralelamente, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lectura, y los libros que se salvaban de la destrucción quedaban confinados en espacios restringidos conocidos como “infiernos”, que no se abrieron hasta 1975.
Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con su vida la defensa de la cultura, el PSOE cita a Miguel d'lom, de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra zaragozana Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; y la pedagoga y bibliotecaria Juana María Capdeviele.
Otros profesionales que permanecieron en territorio republicano fueron posteriormente sancionados, como la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner, o Carmen Caamaño, que fue apartada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.