El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo martes, 14 de abril, coincidiendo con el 95 aniversario de la proclamación de la II República, dos iniciativas que piden al Gobierno el reconocimiento de las mujeres represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer y la condena del denominado “bibliocausto”, es decir, la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por los sublevados al considerarlos subversivos.
Estas propuestas llegarán a la Cámara Baja impulsadas, por un lado, por Esquerra Republicana, que vuelve a exigir que se incluya como víctimas a las jóvenes internadas en los reformatorios del Patronato, vigente hasta 1985, y, por otro, por el PSOE, que firma la proposición no de ley centrada en la censura cultural.
En concreto, el partido independentista catalán plantea modificar la Ley de Memoria para que se reconozca jurídicamente y en el ámbito administrativo como víctimas de la represión, con las oportunas indemnizaciones, a las mujeres que pasaron por los centros del Patronato desde 1941 hasta su desaparición, ya durante el Gobierno del socialista Felipe González.
La iniciativa, registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, también propone investigar y divulgar la represión ejercida a través de esta institución, que dependía del Ministerio de Justicia pero estaba gestionada por órdenes religiosas.
En este marco, ERC reclama que en el plazo de un año se elabore un inventario con toda la documentación sobre el Patronato conservada en organismos públicos y que se constituya un grupo de trabajo de expertos que analice esos fondos y formule recomendaciones para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido y en las políticas de verdad, justicia y reparación.
Investigación del “bibliocausto” franquista
Paralelamente, el PSOE defenderá otra proposición no de ley para que se investigue el “bibliocausto” con el que, durante la Guerra Civil, el bando franquista imitó las quemas de libros que pocos años antes habían protagonizado los nazis en Alemania. Los socialistas pretenden que estos hechos se estudien en los centros educativos y que se reconozca el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios y editores que sufrieron represalias.
Según explican en su texto, y recoge Europa Press, desde los primeros compases del golpe militar los sublevados pusieron el foco en la incautación y destrucción de libros y en la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y numerosos maestros, bibliotecarios, editores y libreros acabaron fusilados.
Hogueras de libros y depuración de bibliotecas
Con el objetivo de “limpiar y purificar el país de las ideas subversivas”, y además de eliminar o recluir a quienes las difundían o defendían, la Falange y el ejército franquista no solo organizaron quemas de libros, sino que también animaron a sus simpatizantes a participar en ellas, como reflejan los periódicos de la época.
La primera gran quema pública documentada tuvo lugar en A Coruña el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 volúmenes de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto con la biblioteca particular del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga. También fue asaltada la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, terminó fusilado.
Conforme avanzaba la contienda, se aprobaron decretos y bandos que obligaban a entregar o requisar los títulos considerados prohibidos. Así ocurrió en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para entregar sus libros y facultó a falangistas para recorrer librerías y editoriales y decomisar todo el material calificado como “pornográfico, marxista, ácrata y disolvente”.
En muchos municipios pequeños también se levantaron hogueras en las que se destruyeron los fondos de bibliotecas municipales, Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales. La primera biblioteca universitaria sometida a una purga fue la de Valladolid en 1937, seguida de la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se registraron en 1939, tras la caída de Madrid, cuando con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) organizó un acto en el que estudiantes, brazo en alto, arrojaron a las llamas distintos ejemplares.
“Infiernos” bibliográficos y profesionales represaliados
Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lectura; los títulos que se salvaban de la destrucción quedaban encerrados en espacios restringidos denominados “infiernos”, que no se abrieron hasta 1975.
Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con su vida la defensa de la cultura, el PSOE cita a Miguel d'lom, de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra zaragozana Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; y la pedagoga y bibliotecaria Juana María Capdeviele.
Quienes habían permanecido en la zona leal al Gobierno republicano fueron sancionados posteriormente, como le ocurrió a la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner, o a Carmen Caamaño, que fue expulsada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.