La Mesa del Congreso ha dado este jueves un nuevo impulso al expediente abierto contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo, denunciados por su conducta en la Cámara y que se arriesgan a perder su acreditación como informadores. La mayoría formada por PSOE y Sumar en el órgano rector ha hecho suyos los informes elaborados por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), que atribuye tres faltas graves a Quiles y dos a Ndongo, y ha encargado al cuerpo de letrados la instrucción formal de ambos expedientes.
Fuentes parlamentarias citadas por Europa Press explican que la decisión se ha adoptado sin necesidad de votación y que el PP se ha desmarcado del proceso por su rechazo a la reforma del Reglamento aprobada el pasado verano, que introdujo una regulación específica para estos casos. Vox no forma parte de la Mesa, pero también se opone a esa modificación reglamentaria y, por ese motivo, al igual que los 'populares', declinó participar en el CCCP, en el que sí están representados el resto de grupos.
El procedimiento continuará ahora con la apertura de un plazo para que ambos implicados puedan presentar sus alegaciones. Posteriormente, a la vista de las conclusiones de la instrucción y de los dictámenes del CCCP, la Mesa fijará las sanciones que considere oportunas. Aunque dispone de un máximo de seis meses desde la incoación del expediente para resolver, la intención es que la decisión llegue en un periodo breve. La resolución podrá ser recurrida por los afectados primero ante la propia Mesa y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.
Las denuncias contra Vito Quiles
La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) presentó una denuncia contra Vito Quiles, de Estado de Alarma (EDATV), por dos incidentes en los que, según concluye el CCCP —en el que también participan, aunque sin voto, dos periodistas propuestos por la APP y sendos miembros de la Secretaría General y la Dirección de Comunicación de la institución—, habría incurrido en cinco infracciones calificadas como graves en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso.
En uno de los episodios, el consejo considera que Quiles cometió dos de esas infracciones al grabar con su teléfono móvil en una zona del Congreso no habilitada para ello —al no disponer de acreditación como prensa gráfica— al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al difundir posteriormente las imágenes en redes sociales el pasado 11 de diciembre. El PSOE también elevó una denuncia por estos hechos.
“Los hechos se produjeron a la salida de un acto organizado por la institución cuando el denunciado persiguió contra su voluntad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió dichas imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales”, relata el informe.
El CCCP elaboró un segundo informe sobre Quiles a raíz de otra denuncia de la APP por lo ocurrido el 20 de noviembre. El órgano describe que, “a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez, “contradiciendo de manera flagrante su voluntad” de no ser entrevistado y después las difundió en sus redes sociales, lo que se traduce en otras tres posibles infracciones graves.
Expediente a Bertrand Ndongo por un incidente con Sumar
En el caso de Bertrand Ndongo, el expediente se abrió tras una denuncia de Sumar por lo ocurrido durante una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, el pasado 25 de noviembre. El CCCP aprecia la posible comisión de dos faltas graves por interrumpir el desarrollo del acto informativo y por “incumplir las directrices e instrucciones del personal responsable de forma consciente, deliberada y repetida”.
El órgano considera acreditado que la comparecencia de prensa se vio “violentada” y su desarrollo “severamente distorsionado”, mientras el denunciado “hacía caso omiso de las instrucciones para mantener el orden e ignoraba el turno establecido”. Según el informe, esa conducta “afectó negativamente la labor de los representantes de los medios de comunicación que trataban de hacer su trabajo, lo cual reviste una insoslayable gravedad”.
“El incidente, además, implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria”, sentencia el Consejo Consultivo de Comunicación.
Régimen de sanciones y posibles consecuencias
El Reglamento del Congreso establece que las infracciones graves pueden castigarse con la suspensión de la credencial entre 11 días y tres meses. El plazo de prescripción comienza a contar desde la fecha en que se cometió la falta, salvo en el caso de infracciones continuadas o permanentes, donde se inicia cuando cesa la conducta.
La sanción se dirige al representante del medio que haya cometido la infracción y, si esta es grave o muy grave, el medio afectado no podrá sustituir a la persona sancionada por otro profesional mientras dure la suspensión de la acreditación.
Además, cuando las infracciones graves se repitan en más de dos ocasiones en el plazo de un año “o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”, el Reglamento prevé que pasen a considerarse muy graves. En ese escenario, la sanción podría implicar la retirada de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o incluso la revocación definitiva.