El Pleno del Congreso ha dado este miércoles su visto bueno a una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a endurecer la regulación de las armas blancas mediante un aumento de las sanciones, la reducción de los tipos de armas permitidas y una batería de reformas penales con el objetivo de frenar el repunte de agresiones en espacios públicos.
El texto, que se debatió este martes en el hemiciclo, se ha sometido a votación por apartados y los siete puntos han prosperado con el apoyo de PP, Vox y UPN, además de respaldos puntuales o abstenciones de Junts y PNV. En el bloque contrario se han situado PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y Compromís, partidos de izquierda que han tildado la propuesta de “populismo punitivo”.
En su redacción, la Cámara reclama al Ejecutivo “diseñar urgentemente un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia”.
Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
La iniciativa también demanda “revisar e incrementar los tipos de armas blancas prohibidas” y “actualizar y mejorar la normativa aplicable a la compra o acceso a las armas blancas, en particular endureciendo requisitos y controles para una actuación eficaz frente a los distribuidores irregulares para reforzar los mecanismos de identificación de compradores, y las reglas para la intervención en plataformas online en las que es viable su compra sin verificación de edad o trazabilidad de la adquisición”.
Asimismo, se reclama al Gobierno que modifique la Ley de Seguridad Ciudadana para que se consideren infracciones muy graves conductas como portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como blandir armas legales de forma negligente, temeraria o intimidatoria.
El Congreso plantea, además, cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para “establecer normas más claras y estrictas respecto a la detención de quienes exhiban con ánimo intimidatorio armas blancas”, junto con una reforma del Código Penal que limite la tenencia de este tipo de armas y eleve las penas de prisión por la posesión de armas prohibidas.
El texto también anima a revisar la Ley Penal del Menor para “modificar los preceptos relativos a las medidas a imponer respecto a menores infractores penales que utilicen armas blancas en la comisión de los hechos por los que han sido condenados y a las medidas cautelares”.
En defensa de la propuesta, el diputado del PP Rafael Hernando reclamó un plan integral que permita analizar el fenómeno en su conjunto, revisar la normativa sobre compra, acceso y trazabilidad de estas armas, modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para elevar las sanciones por su exhibición o uso intimidatorio y reformar tanto el Código Penal como la Ley del Menor.
Críticas de los grupos de izquierda
Los partidos de la izquierda se han alineado en contra del plan. La diputada del PSOE María Carmen Castilla reprochó al PP “coger un problema, agitar el miedo y convertirlo en propaganda” mediante una iniciativa que, en su opinión, combina “alarmismo, errores jurídicos y propuestas desproporcionadas”.
En términos similares, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, denunció “más populismo punitivo del PP y Vox para hacer campaña electoral en Andalucía” y acusó a ambas formaciones de exagerar los problemas de seguridad y de limitarse a plantear medidas para “castigar a las clases populares”. Aun así, admitió que existen situaciones en las que el uso de armas blancas ilegales “genera preocupación y requiere atención específica”.