El Pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la reforma del Código Penal destinada a combatir la multirreincidencia mediante un aumento de las penas. Se trata de una proposición de ley promovida por Junts y que el PSOE desbloqueó tras el anuncio de ruptura de los independentistas.
Tras la votación final, el texto se remite al Boletín Oficial del Estado (BOE) con el respaldo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. ERC ha optado por la abstención, mientras que el socio minoritario del Gobierno y el resto de sus aliados de izquierdas (Bildu, Podemos, BNG y Compromís) han rechazado la iniciativa.
En su paso por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se incorporó una enmienda acordada entre PP, Vox y Junts que introducía cambios en la Ley de Extranjería. Dicha modificación exigía que, en los procesos de regularización de inmigrantes como el que impulsa el Gobierno, se verificase que el solicitante carece de antecedentes penales, de procedimientos en curso y que no está sometido a causa penal suficiente en España o en terceros países.
Vetos del Gobierno a dos enmiendas clave
La Cámara Alta aprobó además otra propuesta del PP que instaba al Ejecutivo a ampliar durante dos años las plazas de la Fiscalía de área, provinciales y de comunidades autónomas, fijando un mínimo de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000.
Ambas enmiendas podrían haber sido derrotadas por el Gobierno en el Congreso, pero finalmente no se sometieron a votación este jueves. Moncloa vetó su tramitación al considerar que implicaban un incremento de gasto no previsto. La Mesa del Congreso, gracias a la mayoría de PSOE y Sumar, avaló que el Ejecutivo ejerciera su prerrogativa para bloquear iniciativas que supongan un aumento del gasto público o una reducción de ingresos.
El Gobierno argumentó que la enmienda sobre extranjería obligaría a crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por puesto, lo que elevaría el presupuesto en 16,78 millones. En cuanto a la ampliación de la plantilla de fiscales, justificó el veto señalando que requeriría convocar 491 plazas adicionales, con un sobrecoste estimado de 53,79 millones de euros.
Entrada en vigor inmediata y nuevos delitos
La Mesa sí permitió tramitar otras enmiendas, entre ellas dos que han quedado definitivamente incorporadas a la ley. La primera fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía destinada al cultivo de marihuana. La segunda castiga con entre tres y cinco años de cárcel el denominado “petaqueo”, relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
Asimismo, se ha aprobado otra modificación procedente del Senado para que la norma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en lugar de los 20 días posteriores que contemplaba inicialmente el Congreso.
Durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, PSOE y Junts ya habían cerrado acuerdos para sancionar con hasta tres años de prisión el robo de teléfonos móviles y endurecer las penas de determinados delitos de estafa. Por ejemplo, se prevé imponer penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía inferior a 400 euros, siempre que sean multirreincidentes y acumulen tres condenas por este tipo de delito.