El Pleno del Congreso somete este jueves a votación la derogación o convalidación del decreto ley que amplía el denominado 'escudo social', en el que se mantiene la moratoria antidesahucios. PP, Vox y Junts han adelantado de nuevo su rechazo al texto, el mismo que ya fue tumbado semanas atrás en la Cámara Baja.
Como ocurre con cualquier decreto ley, las medidas del escudo social, entre ellas la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, están vigentes desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Sin embargo, es obligatorio que el Congreso se pronuncie en un plazo máximo de treinta días para decidir si lo deroga o lo convalida de forma definitiva.
La extensión del escudo social ya se sometió a votación en el Parlamento hace aproximadamente un mes, integrada entonces en un único decreto que también recogía la revalorización de las pensiones. Aquel paquete fue finalmente derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que hicieron caer ese decreto argumentaron, entre otros motivos, que respaldaban la subida de las pensiones, pero rechazaban tanto la moratoria antidesahucios como el veto a los cortes de suministros esenciales a personas en situación de vulnerabilidad. Ante esa oposición, el Gobierno optó por desdoblar el contenido en dos normas distintas que ahora se debaten y votan por separado.
Además, a instancias del PNV, el Ejecutivo introdujo una modificación en el decreto del escudo social para excluir de la prohibición de desahuciar a los propietarios que disponen únicamente de una vivienda destinada al alquiler. Pese a este cambio, PP, Vox y Junts han reiterado que mantendrán su voto en contra.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, volvió a confirmar este miércoles la negativa de su grupo, al considerar que el decreto ampara las “ocupaciones” al dificultar el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad económica. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que Junts está recurriendo a pretextos para justificar su postura.
AYUDAS A VÍCTIMAS
Junto a este decreto, el Congreso votará también las normas que regulan las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y el límite de precios de determinados productos y servicios en contextos de emergencia.
El decreto de ayudas a los afectados por los siniestros ferroviarios contempla compensaciones económicas que van desde 2.404 hasta 84.141 euros, en función del tipo y la gravedad de los daños sufridos. A su vez, el decreto que fija un tope a los precios persigue acotar, por ejemplo, el coste de productos y servicios en situaciones como los accidentes ferroviarios de enero o los temporales registrados en Andalucía.
Con esta norma, el Gobierno podrá imponer un límite al precio de un bien o servicio cuando declare una situación de emergencia, estableciendo que no podrá superar el precio máximo que haya tenido en los treinta días naturales previos al inicio de dicha situación.