La reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer las penas por multirreincidencia, una de las condiciones planteadas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se someterá este jueves a la votación definitiva del Pleno del Congreso, y lo hará con un respaldo que, previsiblemente, será mayor entre la oposición que entre los socios habituales del Gobierno. Todo indica que, como mínimo, PSOE, PP y Vox apoyarán el texto.
Esta proposición de ley ha abierto una brecha entre el PSOE y Sumar, su socio en la coalición, así como con sus aliados parlamentarios de referencia: Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos. Estos grupos no sólo rechazan la iniciativa, sino que además sostienen que con ella Pedro Sánchez pretende únicamente satisfacer las demandas de los de Carles Puigdemont.
Junts presentó esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, y el Pleno la admitió a trámite medio año después. El texto quedó aparcado durante meses hasta que, finalmente, en marzo de 2025 se registraron las enmiendas parciales. No obstante, la tramitación volvió a quedar congelada ante el rechazo mostrado por los socios situados a la izquierda del PSOE.
La decisión de Junts de dar por roto el diálogo con el Gobierno llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en cuestión de días, la Comisión de Justicia dio luz verde a la reforma. Ahora será el Pleno del martes el que debata y someta a votación el dictamen, antes de remitirlo al Senado para culminar su recorrido parlamentario.
En este último paso en la Cámara Baja se prevé que vuelva a quedar patente la distancia del PSOE con Sumar y con sus aliados de la izquierda en torno a la multirreincidencia, tal y como ya se evidenció en el debate en comisión.
En la Comisión de Justicia, todos los grupos respaldaron la iniciativa de Junts, salvo Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra, y ERC, que optó por abstenerse. Todo apunta a que el resultado en el Pleno del martes será muy similar.
Ejes principales de la reforma
La reforma penal contempla la imposición de una multa de uno a tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, pero prevé agravar la respuesta penal hasta una pena de prisión de uno a tres años si se dan circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Además, se incorpora un agravante específico para endurecer la sanción cuando se sustrae un teléfono móvil u otro dispositivo informático que contenga datos personales. Esta previsión no se extiende a los casos de hurto de móviles nuevos en establecimientos comerciales.
Otra de las enmiendas, acordada entre PP, PSOE y PNV, amplía el régimen de la multirreincidencia a los delitos de estafa cometidos con ánimo de lucro, "cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro". A la hora de fijar la pena se valorará el importe defraudado, el perjuicio económico causado a la víctima, la relación entre ésta y el defraudador, los medios empleados y cualquier otra circunstancia que permita calibrar la gravedad de la infracción.
Una modificación pactada con el PSOE y el PNV introduce la posibilidad de imponer de forma cautelar al investigado "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".
Por último, mediante una enmienda 'in voce' suscrita por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado 'petaqueo', al penalizarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" en contra de lo establecido en las leyes o en otras normas de carácter general, al entenderse que se trata de una actividad que proporciona apoyo logístico a las narcolanchas.