El Pleno del Congreso de la próxima semana tiene previsto debatir y someter a votación una moción del PP con la que los populares buscan que la Cámara Baja condene los presuntos episodios de acoso sexual aparecidos en el PSOE y en el entorno de la Presidencia del Gobierno, y que se exija "tolerancia cero" y asunción de responsabilidades al partido de Pedro Sánchez ante sus "intentos de ocultación y minimización" de estos hechos.
Esta petición figura en la moción consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigió en el último Pleno de 2025 al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación con el caso del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar.
Salazar compareció este jueves ante la comisión del Senado que indaga en las distintas derivadas del 'caso Koldo' y, frente a las acusaciones de acoso que pesan sobre él, se defendió alegando que "siempre" trató con respeto a sus compañeras como profesionales como mujeres y que su dimisión respondió al deseo de proteger a su familia, y no a presiones del partido.
La moción registrada por los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Gobierno que asuma responsabilidades políticas por estos casos, que condene cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres y que garantice una política de "tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres".
El PP liga expresamente el contenido de su iniciativa a la figura de Salazar y a la controvertida gestión del caso por parte del PSOE, con el objetivo de denunciar la existencia de "maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política". Durante la intervención de Salazar en la Cámara Alta, el propio PSOE reconoció errores en la forma de abordar este asunto.
Críticas a la corrupción y a la respuesta del Gobierno
La propuesta impulsada por el equipo de Alberto Núñez Feijóo aprovecha también para poner sobre la mesa los distintos casos de corrupción que, a su juicio, afectan al PSOE y al Ejecutivo, mencionando el caso Koldo, el de Leire Díez y las investigaciones judiciales que salpican a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.
Según el PP, todos estos episodios conforman "un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, con impacto directo en la reputación internacional de España, la seguridad jurídica, la calidad del debate público y la credibilidad de las instituciones", al tiempo que reprochan que el Gobierno haya reaccionado con "ataques a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional".
Ante este escenario, la moción insta al Ejecutivo a acatar la sentencia condenatoria contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a poner en marcha sin demora las medidas necesarias para asegurar "la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes".
El texto reclama igualmente que se blinden los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, "especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con el objetivo de preservar "su plena autonomía frente a cualquier injerencia política".
Refuerzo de la lucha contra la corrupción y protección de denunciantes
Asimismo, el PP exige al Gobierno que cumpla de forma "íntegra y verificable" las recomendaciones aún pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en lo relativo a la prevención de la corrupción, los conflictos de intereses y el control del Poder Ejecutivo.
La iniciativa contempla también el refuerzo de la protección real de quienes denuncian casos de corrupción, garantizando el ejercicio de las funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, "su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes".
Por último, el PP reclama que el Ejecutivo se comprometa a respetar "escrupulosamente la separación de poderes", y que cese de inmediato cualquier actuación o declaración orientada a desacreditar a jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad o medios de comunicación.