Vox llevará esta semana al Pleno del Congreso una moción para que la Cámara inste al Gobierno a dejar sin efecto los decretos aprobados por el Consejo de Ministros sobre la regularización de inmigrantes y sobre el refuerzo de la universalidad en el acceso a la sanidad pública.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye además la petición de repatriar a los inmigrantes que se encuentren de forma “ilegal” en España.
El texto llega después de la interpelación que Vox dirigió el pasado miércoles al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Prioridad nacional en ayudas y servicios
Durante ese debate parlamentario, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, exigió al Gobierno que garantice que los españoles sean la “prioridad nacional”, evitando que queden “a la cola” y preservando, a su juicio, la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Ese planteamiento se recoge ahora en la moción, donde Vox propone que los españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas y prestaciones sociales, servicios públicos y programas de vivienda.
La medida afectaría tanto al acceso a vivienda social y protegida como a bonificaciones fiscales diferenciadas o cualquier otro apoyo vinculado a la vivienda.
Sanidad y expulsiones
La formación de Santiago Abascal también plantea limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular a la sanidad pública, salvo en casos urgentes, de carácter vital o de emergencia.
En línea con esa posición, Vox solicita la derogación del real decreto aprobado en marzo que regula el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con fondos públicos para extranjeros sin residencia legal en España.
Además, el partido reclama frenar el proceso de regularización “masiva” de inmigrantes y eliminar la asistencia jurídica gratuita para extranjeros en procedimientos relacionados con su expulsión del territorio nacional.
Nueva batalla parlamentaria
Con esta moción, Vox busca trasladar al Congreso varias de sus principales banderas en materia migratoria y de acceso a servicios públicos, abriendo un nuevo choque político con el Ejecutivo y con el resto de grupos parlamentarios.