El Congreso tiene previsto desestimar la solicitud de indemnización por cese presentada por el exministro José Luis Ábalos tras dejar su escaño, al considerar que cuando la registró se encontraba suspendido de sus derechos como diputado tras su ingreso en prisión y que, además, dicha prestación no puede acumularse con la pensión de jubilación a la que va a acceder el exdirigente socialista, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Tras abandonar su escaño en la Cámara Baja, una vez que el Tribunal Supremo ratificó su situación de prisión provisional por el 'caso Koldo' de cara al juicio, Ábalos hizo público que pretendía acogerse a la jubilación, denunciando que había sido "desprovisto" de todos sus derechos y deberes y "privado de todo ingreso y protección social".
Los diputados que dejan el Congreso pueden percibir la denominada indemnización por cese, una especie de 'prestación por desempleo' reservada a quienes no disponen de otros ingresos, ya sean públicos o privados. Su cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, y en el caso de Ábalos, diputado de forma ininterrumpida desde abril de 2009, el importe habría superado los 57.200 euros.
No obstante, en la Cámara se plantearon dudas sobre si Ábalos conservaba ese derecho, dado que en noviembre, tras ser enviado a prisión preventiva, la Mesa del Congreso acordó suspenderle de sus derechos, dejar de abonarle el sueldo y retirarle la facultad de votar.
La suspensión impide pedir la indemnización
Un informe de los letrados concluye que no procede otorgar la indemnización, puesto que, en el momento de solicitarla, Ábalos ya estaba suspendido de sus derechos, entre los que figura precisamente la posibilidad de pedir esa ayuda, y recuerda que ningún diputado suspendido en el pasado llegó a cobrarla.
El dictamen remarca que la suspensión afecta a todos los derechos, prerrogativas y beneficios ligados a la condición de diputado y que no resulta "razonable" interpretar que la renuncia al acta permita recuperar unos derechos que habían quedado extinguidos con anterioridad.
En cualquier caso, los servicios jurídicos recalcan que la indemnización por cese está pensada para paliar las dificultades de reincorporación del parlamentario a su actividad profesional y, por ello, es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, incluida la pensión de jubilación.
Esta prestación se abona de forma mensual y se interrumpe en el momento en que el beneficiario obtiene cualquier otro ingreso, público o privado. "Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias", subrayan.
Con este informe sobre la mesa, la Mesa del Congreso prevé formalizar este martes la negativa a la petición de Ábalos, que esta misma semana será relevado por la siguiente candidata en la lista del PSOE de 2023 por la circunscripción de Valencia.
El caso de Santos Cerdán como precedente
El último diputado que percibió la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien renunció a su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, investigación en la que también figura Ábalos.
El PP trató de que la Mesa del Congreso vetara el cobro de esa cantidad a Cerdán, alegando que el exdiputado había ocultado desde 2016 la propiedad del 45% de la empresa Servinabar. Sin embargo, PSOE y Sumar se apoyaron en un informe de los letrados para autorizarle la prestación.
Los servicios jurídicos del Congreso determinaron que el 'número tres' del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el tiempo que ejerció como diputado. Cerdán cobró la indemnización durante seis meses, hasta diciembre.
La diferencia con el caso de Ábalos radica en que Cerdán conservaba intactos sus derechos parlamentarios cuando dejó el escaño, ya que entregó su acta antes de ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.