La aspirante propuesta por el Gobierno para asumir la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos Acuña, obtuvo este miércoles el respaldo del Congreso para acceder al puesto al reunir la mayoría absoluta de la Cámara exigida por la ley.
Tras su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, su candidatura fue aprobada con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, la abstención del PP y el rechazo de Vox.
Una vez que el Congreso ha validado su designación, Campos Acuña será nombrada presidenta mediante un real decreto que deberá dar luz verde el Consejo de Ministros. Desempeñará el cargo durante cinco años, sin posibilidad de renovación, con dedicación exclusiva y sometida plenamente al régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Campos Acuña pasará a ser la tercera persona en encabezar el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia desde su puesta en marcha en 2014. Tomará el relevo de José Luis Rodríguez Álvarez, cuyo mandato al frente de la institución finalizó el pasado mes de octubre.
Trayectoria en Derecho y administraciones públicas
La próxima presidenta, propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Derecho Cum Laude y posee un Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas.
Se trata de una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local de categoría superior (secretaria de ayuntamiento), con más de dos décadas de experiencia. Su último destino fue el Ayuntamiento de Vigo y actualmente se encuentra en excedencia, dedicada a la consultoría y a la docencia como profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili.
Ha ejercido como representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde llevó a cabo diversos trabajos relacionados con este ámbito, entre ellos la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y la co-coordinación de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización.
En esta misma Red es Coordinadora del Grupo de Trabajo de “Integridad en la Contratación Pública”, desde el que impulsa iniciativas de formación, divulgación y publicaciones especializadas; asimismo, ha formado parte del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Más transparencia y menos acumulación de documentos
“No estaría aquí si no pensara que lo puedo hacer bien”, afirmó Campos Acuña, quien detalló que participó en el impulso de la implantación de la Ley de Transparencia desde su aprobación y se considera adecuada para el puesto no sólo por su conocimiento de la norma, sino también por su experiencia en la administración pública y por una trayectoria académica de perfil jurídico muy ligada a las competencias del órgano que aspira a presidir.
La candidata presentó las líneas maestras de lo que quiere para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y reclamó el apoyo de la Cámara para actualizar una ley que ya suma diez años en vigor. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de reforzar la institución, dotándola de más recursos y estrechando la colaboración con los órganos de transparencia autonómicos y locales.
A su entender, el resultado de la aplicación de la ley en materia de publicidad activa es “agridulce”, ya que muchas administraciones la conciben como un “mero trámite”. “No puede ser acumular documentos en la web, puros PDF, hay que añadir valor a la transparencia, revisar qué publicamos, cómo publicamos y con qué finalidad”, subrayó.
La Inteligencia Artificial como aliada de la transparencia
También considera imprescindible mejorar el acceso a la información pública, superando las “inercias reestrictivas” que llevan a la administración a ofrecer a la ciudadanía “respuestas muy formalistas” y reduciendo los plazos de respuesta.
Campos Acuña defendió igualmente la conveniencia de revisar el apartado relativo al buen gobierno para que “no sea más que un catálogo bienintencionado de principios generales” y puso el acento en aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la transparencia, por ejemplo, mediante sistemas de supervisión automatizada del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.