El Congreso ha dado luz verde este jueves, con el apoyo de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, a la reforma del Código Penal promovida por la formación de Carles Puigdemont para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, una de las condiciones que Junts había puesto al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras iniciativas legislativas.
La votación ha puesto de manifiesto la brecha entre los dos socios del Ejecutivo, ya que Sumar ha rechazado con contundencia la propuesta, igual que Bildu, Podemos, BNG y Compromís. ERC, en cambio, ha optado por la abstención tras pactar un refuerzo de la planta judicial en Cataluña.
En el debate en el Pleno, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que la norma “nace del territorio, no de los despachos” y que llega “muy tarde” tras “bloqueos y dilaciones”. Ha subrayado que con esta ley “se ataca la impunidad” y que es “una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil” para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
Desde el PP, Cuca Gamarra ha denunciado el “secuestro” de la ley durante meses y ha insistido en que el “pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide”. Ha añadido que “reincidir en España ya no sale gratis” y que “el delito no puede ser rentable”. “España se viene a trabajar y el que venga a delinquir a su país”, ha remachado.
En la bancada socialista, Francisco Aranda ha alertado de que “equiparar inmigración con delincuencia” es “un discurso muy peligroso” y ha reivindicado que el Ejecutivo actúa “desde la óptica de un Gobierno de izquierdas”, “sin fiarlo todo al punitivismo”.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha considerado la reforma “necesaria, pero no suficiente” y ha celebrado que “la realidad acaba imponiéndose”. “No estamos ante una abstracción jurídica --ha insistido--. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso”.
También el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha respaldado la ley, al entender que pretende dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas, ya que la regulación vigente “resulta ineficaz” y alimentaba la sensación de que “por una puerta entra y por otra salen”.
Choque con Sumar y críticas desde la izquierda
El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, se ha situado en la primera línea de la oposición a la norma, rechazando que se endurezcan las penas para “delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes” y advirtiendo de que “solo sirve para fortalecer a la ultraderecha”. Podemos ha descrito igualmente la reforma como “populismo punitivo”.
En la misma sintonía, el diputado de Bildu Jon Iñarritu ha argumentado que el incremento de castigos “es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención” y que, aplicado a delitos leves, “no sirve para nada”.
Por parte de ERC, la diputada Pilar Vallugera ha explicado su abstención tras cerrar un acuerdo con el Gobierno para incorporar 180 nuevos jueces en Cataluña. No obstante, ha advertido de que “la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil” y ha censurado una “Administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y en forma”.
Casi dos años de tramitación y cambios clave
Junts presentó esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024. El Pleno la admitió a trámite medio año después, pero el texto quedó paralizado durante meses. No fue hasta marzo de 2025 cuando se registraron las enmiendas parciales, aunque la iniciativa volvió a quedar congelada por el rechazo de los socios situados a la izquierda del Gobierno.
La decisión de Junts de romper el diálogo con el Ejecutivo llevó finalmente al PSOE a aceptar su reactivación y, en cuestión de una semana, la Comisión de Justicia dio el visto bueno a la reforma, que ahora abandona el Congreso rumbo al Senado para completar el proceso parlamentario.
En cuanto al contenido, la nueva regulación fija una multa de uno a tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, pero prevé que el hurto pueda castigarse con prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Se introduce además un agravante específico para aumentar la pena cuando se hurte un teléfono móvil u otro dispositivo informático con datos personales, sin aplicarse a los casos de robo de terminales nuevos en establecimientos.
Otra enmienda acordada entre PP, PSOE y PNV extiende el tratamiento de la multirreincidencia a las estafas con ánimo de lucro “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. Para graduar la pena se valorará el importe defraudado, el perjuicio económico causado a la víctima, la relación entre ésta y el defraudador, los medios empleados y cualquier otra circunstancia relevante para medir la gravedad de la infracción.
Una modificación pactada con PSOE y PNV permitirá además imponer de forma cautelar al investigado “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.
Por último, mediante una enmienda 'in voce' suscrita por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado 'petaqueo', al sancionarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o normas generales, con el objetivo de cortar el apoyo logístico a las narcolanchas.