El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la convalidación de dos reales decretos leyes del Gobierno aprobados recientemente en el Consejo de Ministros y que, tras la votación, quedan derogados. Estas derrotas se suman a la de este martes, cuando la Cámara ya vetó la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar respaldada por el PSOE y sus aliados de izquierdas.
En esta ocasión, la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts ha sido determinante para tumbar el decreto del denominado “escudo social”, que contemplaba la extensión de la moratoria de desahucios, así como otro texto destinado a fijar un límite al precio de determinados servicios de transporte y alojamientos en situaciones excepcionales de emergencia, como las recientes inundaciones en Grazalema (Cádiz) y la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Con estas dos normas ya son siete los decretos leyes del actual Gobierno de coalición que el Congreso ha dejado sin efecto en lo que va de legislatura. El primero en caer fue uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia. Más tarde, en enero de 2025, se derogaron en la misma sesión otro decreto relativo al gravamen a las empresas del sector energético y un texto “ómnibus” que recogía la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público, el veto al corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para los afectados por la dana.
En julio del pasado año se anuló un cuarto decreto ley que incorporaba medidas de refuerzo del sistema eléctrico para evitar un nuevo apagón. El último revés hasta esta semana se produjo el 27 de enero, cuando se derogó el anterior decreto del “escudo social”, que incluía la subida de las pensiones y la prohibición de desahucios y de cortes de luz en caso de impago.
Proyectos de ley frustrados o retirados
En paralelo, durante esta legislatura el PSOE ha visto cómo se frenaba el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, así como la primera norma que regulaba la Agencia Estatal de Salud Pública, que más adelante fue recuperada con mayor respaldo. También en mayo de 2024 el Gobierno se vio obligado a retirar su reforma de la Ley de Suelo al constatar que no contaba con los apoyos necesarios para superar el debate de totalidad.
El Ejecutivo ha sufrido además varios reveses con la senda de estabilidad presupuestaria, rechazada en distintas ocasiones, las dos últimas a finales del año pasado, e incluso con el tratado hispanofrancés, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés pueda sentarse en el Consejo de Ministros.
A ello se suma que la oposición y algunos socios de investidura han tumbado en la primera votación seis proposiciones de ley promovidas por el Grupo Socialista. Entre ellas, las relativas a la lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital, una iniciativa sobre vivienda pactada con el PNV, el traspaso de las políticas de inmigración a Cataluña acordado con Junts y, la más reciente, el 17 de febrero, para que toda norma incorpore un análisis de impacto en la juventud.
También han fracasado otras propuestas legislativas impulsadas por los socios del Gobierno pese al apoyo del PSOE. El martes ocurrió con una iniciativa de Sumar para impedir expedientes de regulación de empleo en empresas que trasladen su actividad fuera de Europa. Antes ya habían sido rechazadas otra propuesta sobre alquiler de temporada, una de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una del BNG para reducir la jornada laboral y la de ERC sobre impuestos a partir de la tercera vivienda. En todas ellas, la coincidencia de PP, Vox y Junts resultó decisiva para bloquear su tramitación.
Leyes impulsadas por la oposición que avanzan sin el PSOE
En contraste, el PSOE ha visto cómo se admitían a trámite ocho proposiciones de ley a las que se había opuesto, entre ellas una de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.
Dentro de ese paquete, el PP ha conseguido que el Congreso acepte debatir iniciativas para relajar la protección del lobo ibérico, reforzar con más personal sanitario la atención primaria en verano, exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el destinado a Ucrania, reformar la Ley de Costas, transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revertir el cierre de las centrales nucleares y obligar a que los créditos extraordinarios para gasto militar se voten en el Parlamento. Muchas de estas proposiciones lograron pasar el primer filtro gracias a que Junts optó por no votar en contra.
No obstante, estas leyes de la oposición apenas han progresado, ya que la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido prorrogando sucesivamente el plazo de enmiendas, bloqueando así su avance. Una estrategia similar se ha aplicado a los textos que llegan desde el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta.
Reprobaciones y ofensiva parlamentaria
En esta legislatura, el Congreso ha aprobado la reprobación de tres ministros socialistas: el titular de Transportes, Óscar Puente, que acumula el récord con siete reprobaciones en las Cortes; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La cadena de derrotas del PSOE esta semana se ha completado con la pérdida de dos de los puntos de una proposición no de ley del PP sobre la ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros. Aun así, el récord de votaciones fallidas en una sola sesión plenaria se mantiene en la del 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas encajaron 23 reveses entre enmiendas aprobadas pese a su criterio y apartados de mociones de la oposición que salieron adelante.
El Grupo Popular, consciente de la fragilidad numérica del Ejecutivo, acostumbra a forzar votaciones separadas, punto por punto, de sus iniciativas, multiplicando así las opciones de que el PSOE pierda respaldos en cada apartado y encadene nuevas derrotas. A esta táctica se han sumado en ocasiones socios habituales del Gobierno como el PNV y ERC.