El Pleno del Congreso ha acordado este martes, nuevamente y con el rechazo de PP, Vox y UPN, admitir a trámite la proposición de ley del PNV que plantea modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía y reducir las sanciones económicas a los cargos públicos que desoigan las resoluciones del Alto Tribunal.
La propuesta de los nacionalistas vascos ha superado este primer filtro parlamentario con 175 votos favorables, 171 en contra y ninguna abstención. No obstante, el PSOE ha dejado claro que su respaldo se limita al apartado que persigue rebajar las multas por incumplir las sentencias del TC y no se extiende a la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad, cuya permanencia sigue defendiendo.
No es la primera ocasión en que se impulsa esta iniciativa del PNV, que la formación viene registrando en todas las legislaturas desde la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. El último intento decayó con la disolución de las Cortes en 2023, después de acumular numerosas prórrogas en el plazo para presentar enmiendas.
Durante el debate, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, arropado por el resto de socios de investidura, ha sostenido que la recuperación del recurso previo supuso “un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas”, además de “arbitrario”, y lo ha calificado como “un instrumento de obstrucción previo” que pone “en manos de la minoría parlamentaria, un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría”, permitiendo “un auténtico veto político en manos de la oposición”.
En respuesta, el diputado socialista Artemi Rallo ha subrayado que el PSOE apoyó, cuando estaba en la oposición, la vuelta del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos con la intención de impedir que se repitiera un escenario similar al del Estatuto de Cataluña, refrendado en las urnas y posteriormente recortado por el TC.
Según ha explicado, la reintroducción de este mecanismo perseguía “atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad, total o parcial, de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos”. Y ha insistido en que “no comparten que se trate de un control político, ni de un veto político, ni que desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional”.
Con todo, el PSOE respalda que la proposición del PNV continúe su tramitación porque coincide con su segundo objetivo: revisar a la baja las sanciones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy incorporó en 2015 para los responsables públicos que desacaten las decisiones del TC, al considerar que se otorgaron al tribunal de garantías “exorbitantes e innecesarias facultades” para ordenar la ejecución de sus fallos.