El Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar el decreto anticrisis frente a la guerra de Irán continúa sin arrancar debido al rechazo de los ministros de Sumar a que la reunión se inicie si se excluye la extensión de los contratos de alquiler y las medidas de control sobre los márgenes empresariales.
Fuentes del socio minoritario de la coalición han señalado a Europa Press que la cita sigue sin comenzar y que las conversaciones continúan abiertas para intentar incorporar ambas propuestas al texto definitivo. “Esto no puede quedarse de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos”, han remarcado desde Sumar.
La reunión del Consejo de Ministros estaba fijada en torno a las 9.30 horas y, tras su finalización, estaba prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, el encuentro continúa pospuesto y ningún ministro ha accedido aún a la sala, a la espera de que las negociaciones, que se intensificaron desde ayer, logren desbloquear el acuerdo.
Los representantes de Sumar insisten en reforzar el acceso a la vivienda y el control de precios dentro de este paquete anticrisis, además de implantar un sistema de supervisión que evite que la bajada de impuestos se traduzca en beneficios extraordinarios injustificados para determinadas empresas.
En esta línea, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha censurado esta mañana al PSOE al considerar que se “escuda excesivamente en las derechas” con propuestas centradas en rebajas fiscales y se niega a incorporar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que ambos socios del Ejecutivo están negociando para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Paralelamente, Moncloa continúa perfilando el paquete de actuaciones para mitigar el impacto económico del conflicto en Irán, en el que se estudia incluir una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del contenido del decreto.
Esta posible reducción fiscal se diferenciaría de la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Ucrania.