El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión como máximo responsable operativo del cuerpo después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid acordara citarle en calidad de investigado al admitir a trámite una querella por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada.
Según ha trasladado el Ministerio del Interior, José Ángel González ha comunicado formalmente su renuncia al puesto que ocupa, una decisión que se hará efectiva en las próximas horas.
González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y ejerce como principal mando operativo desde 2018, coincidiendo con la etapa de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior y de Francisco Pardo Piqueras como director general de la Policía Nacional.
En noviembre de 2024, Interior dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, acogiéndose a una modificación legal que fue cuestionada por partidos de la oposición y por distintos sectores dentro de la propia Policía.
Investigación por agresión sexual y otros posibles delitos
En un auto, el juez ordena tomar declaración a José Ángel González “en calidad de querellado”. Asimismo, fija la comparecencia de la supuesta víctima, funcionaria de la Policía Nacional, para el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas.
El magistrado sostiene que los hechos relatados en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
En la querella, recogida por esta agencia, el letrado de la agente señala la presunta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos, todo ello con la agravante de abuso de superioridad.
La denunciante, miembro de la Policía Nacional, mantuvo “en el pasado una relación de afectividad” con el DAO, una relación que “estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta” debido al puesto que él ocupaba en la estructura policial.
Según el escrito, “esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión”.
Relato del día de los hechos
La querella detalla que la relación concluyó “por decisión unilateral” de la víctima, una “circunstancia” que González “no aceptó”, iniciando “a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” denunciados.
Esos hechos habrían tenido lugar el 23 de abril de 2025, cuando la agente estaba de “servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada”. A partir del mediodía, habría recibido “múltiples llamadas telefónicas” de González “requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria”.
“Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente”, se expone en el documento.
La mujer se habría desplazado hasta un restaurante donde el DAO comía con otro comisario. Tras compartir un tiempo con ambos, González y la agente se dirigieron a un inmueble. Allí, su superior le habría planteado subir a la vivienda, ante lo que ella manifestó “su incomodidad y su deseo de marcharse”.
Una vez en el interior, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima”. Un “acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, añade la querella.
El supuesto “precio del silencio”
Pese a las negativas, el escrito sostiene que el DAO habría iniciado entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional”.
La denuncia recoge diversos intentos de González de tocar a la mujer en sus partes íntimas sin su consentimiento. En un momento determinado, y “tras conseguir zafarse del querellado y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su domicilio particular”.
Según la querella, tras aquel episodio el DAO habría iniciado una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos” y “ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio”.