El Gobierno ha comenzado a tramitar las compensaciones económicas previstas para las víctimas de la represión franquista en su etapa final y ya ha validado las primeras 15 solicitudes de indemnización. En total, el Ejecutivo analiza alrededor de medio centenar de expedientes de personas asesinadas o que sufrieron lesiones de extrema gravedad entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Torres ha realizado este anuncio en el Pleno del Congreso, durante el debate sobre la convalidación del decreto ley que modifica la Ley de Memoria Democrática. Esta reforma amplía el periodo reconocido hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor la Constitución, y ofrece cobertura específica a este grupo de víctimas de la represión tardofranquista.
El titular de Memoria Democrática ha precisado que la comisión responsable de estudiar estas compensaciones ha recibido ya unas 50 peticiones de posibles beneficiarios. De ellas, se han analizado 18 y se han aprobado 15. Entre las ya aceptadas figura la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado con 18 años el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía andaluza.
Más casos reconocidos como víctimas
Junto a García Caparrós, el Gobierno resarcirá también a los familiares de Víctor Manuel Pérez, de 23 años, asesinado en Portugalete (Vizcaya) tras recibir dos disparos por la espalda "por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga". Igualmente se indemnizará a la familia de Amador Rey, que en marzo de 1972 quedó viuda y con tres hijos cuando, junto a su compañero Daniel, fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol (Coruña).
El ministro ha detallado además que se ha dado el visto bueno a la solicitud de la familia de Ángel Almazán, fallecido en el hospital en 1976 después de varios días ingresado por los "culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación". En la misma línea, se ha aceptado la petición relativa a Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto a consecuencia de la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.
Torres ha aludido también al caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al "volver de misa con su hija de tres años", se vio sorprendido por una carga policial contra una manifestación por la amnistía en Bilbao. Consiguió poner a salvo a la niña en el portal, pero fue brutalmente golpeado por agentes de la policía franquista.
"Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital", ha recordado el ministro, que ha relatado estos hechos ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo mientras se debatía la convalidación del decreto.