El Gobierno analiza nuevas iniciativas tras la oleada de denuncias por acoso sexual en el PSOE y se plantea imponer a todos los partidos políticos, organizaciones sindicales y compañías privadas la obligación de disponer de un sistema interno de denuncias similar al que funciona en la sede de Ferraz.
Según trasladan fuentes del Ejecutivo, ya se trabaja en esta propuesta, que podría concretarse en un real decreto ley para su aprobación en el Consejo de Ministros en la primera parte de 2026, aunque el proyecto continúa aún en fase preliminar.
Con esta vía, el Gobierno intenta responder a la cascada de casos de acoso que ha provocado una grave crisis interna en el PSOE por la tardanza en contactar con las víctimas y que ya ha forzado la salida de varios responsables socialistas.
En mayo, el PSOE dio luz verde a un protocolo antiacoso que contempla, entre otros instrumentos, un canal interno de denuncias que puede ser anónimo si así lo desean las denunciantes. El caso queda registrado en una plataforma interna en la que los responsables del órgano antiacoso se ponen en contacto con las víctimas y protegen su identidad. Este órgano es autónomo y no debe recibir instrucciones de la cúpula del partido.
SALAZAR, IZQUIERDO Y VARIOS ALCALDES
El episodio que detonó la crisis fue el protagonizado por Francisco Salazar, asesor del presidente Pedro Sánchez en La Moncloa e integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE, que estaba llamado a ocupar la secretaría de Organización. Finalmente se vio obligado a abandonar sus responsabilidades tras hacerse públicos los testimonios de varias mujeres que relataban comportamientos inadecuados hacia sus subordinadas.
Poco después, el canal interno del PSOE registró dos denuncias anónimas contra Salazar, pero el partido no contactó con las denunciantes hasta cuatro meses más tarde, y solo cuando un medio de comunicación reveló que la investigación permanecía prácticamente paralizada.
Ese retraso desató un fuerte malestar y críticas dentro de la organización, que se intensificaron con la aparición de nuevos casos en distintos territorios y que derivaron en la renuncia de José Tomé, hasta entonces presidente de la Diputación de Lugo, y de Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal.
El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, también abandonó sus responsabilidades orgánicas en el partido tras dos denuncias en su contra —aunque continúa al frente de la alcaldía— y dimitió un concejal de Benalcázar (Córdoba) después de difundirse mensajes de contenido sexual enviados a una trabajadora municipal.
EL PSOE SE VE COMO PIONERO
El PSOE ha reconocido fallos en la gestión de esta crisis y ha pedido disculpas a las presuntas víctimas, pero al mismo tiempo sostiene que está actuando con firmeza y que es la única formación política en España que dispone de un protocolo antiacoso.
Insisten en que el problema no se limita al partido, sino que atraviesa al conjunto de la sociedad, tal y como subrayó Sánchez en su rueda de prensa de balance del curso político este lunes en Moncloa. El acoso y la corrupción “no tienen carné”, defendió.
En este contexto, el Gobierno avanza en una medida que asume que se trata de un fenómeno extendido en todos los entornos sociales y laborales, y presenta al PSOE como una organización que va por delante en su abordaje al contar ya con un protocolo específico y herramientas que otras entidades aún no tienen.