El Gobierno ha decidido frenar en el Congreso la tramitación de la enmienda que PP, Vox y Junts incorporaron en el Senado a la ley contra la multirreincidencia, con la que buscaban acotar el actual proceso de regularización de inmigrantes mediante un refuerzo del control de antecedentes penales. El Ejecutivo sostiene que esa labor exigiría incorporar 400 funcionarios adicionales en Extranjería, lo que generaría un gasto extra de 16,8 millones de euros.
La proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia, promovida por Junts y desbloqueada por el PSOE tras el anuncio de ruptura de los independentistas, llegará este jueves al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, momento en el que deberán refrendarse las enmiendas procedentes del Senado.
Sin embargo, no todas las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta se someterán a votación, ya que el Gobierno, por medio de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha comunicado a la Mesa del Congreso su decisión de vetar dos enmiendas que, a la vista de las posiciones defendidas en el Senado, el PSOE tenía prácticamente perdido el jueves.
Enmiendas con riesgo de derrota para el Ejecutivo
Una de esas enmiendas, impulsada por el PP, obliga al Gobierno a ampliar en un plazo de dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma, fijando una ratio de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000. Moncloa ha paralizado su avance alegando que ello forzaría la convocatoria de 491 nuevas plazas de fiscales, con un impacto presupuestario estimado de 53,79 millones de euros.
La otra enmienda, acordada entre PP, Vox y Junts, buscaba modificar la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que mantiene en marcha el Gobierno, se garantice que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté inmerso en ninguna causa penal suficiente en España o en otros Estados en los que hubiera residido con anterioridad.
En la actualidad, el procedimiento de regularización impulsado por el Gobierno admite una declaración jurada del solicitante, mientras que la enmienda del PP planteaba que la ausencia de antecedentes penales quedase acreditada de forma oficial por las autoridades competentes.
Veto presupuestario y mayoría en la Mesa del Congreso
El Ejecutivo pretende impedir que esta enmienda llegue a votarse argumentando que esa verificación oficial exigiría habilitar 400 plazas adicionales de personal en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por funcionario. En conjunto, el incremento de gasto ascendería a 16,78 millones, de acuerdo con los escritos remitidos y recogidos por Europa Press.
La Constitución faculta al Gobierno para vetar aquellas iniciativas legislativas que conlleven un aumento del gasto público o una reducción de ingresos, siempre que el veto esté debidamente motivado y cuente con el respaldo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar disponen de mayoría absoluta.