El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho públicos este miércoles, en la antesala de la Semana Santa, los indultos aprobados por el Consejo de Ministros a seis personas condenadas por delitos de estafa, contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones. Las decisiones se han adoptado tras valorar los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía y se fundamentan en razones de “justicia y equidad”.
El primer caso que recoge el BOE es el de María Jesús Blanco Blanco, sentenciada por la Audiencia Provincial de León el 30 de diciembre de 2020 como responsable de un delito de estafa, con una condena de 21 meses de prisión y una multa de 7 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria, además de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En relación con este indulto, referido a hechos sucedidos entre 2010 y 2017, se han tomado en consideración los informes del órgano sentenciador y del Ministerio Fiscal. A propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Consejo de Ministros ha acordado, estimando “las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra” en su expediente, que “concurren razones de justicia y equidad” para perdonar a María Jesús Blanco las penas de prisión que aún le quedaban por cumplir, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto”.
En la misma línea, el Ministerio de Justicia ha tramitado el indulto de Daniela Castaño Agudelo, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza como autora de un delito continuado de estafa, por el que se le impuso una pena de 3 años de prisión por hechos acaecidos en 2021. Tras valorar los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, se le indulta “la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento”.
Condenas por delitos contra la salud pública
El Consejo de Ministros también ha aprobado el indulto de Antonio Cucharero Morales, condenado por la Audiencia Provincial de Granada como autor de un delito contra la salud pública a una pena de tres años y diez meses de prisión, con la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 100.000 euros, con 71 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por hechos cometidos en 2017. Se le perdona la pena de prisión pendiente con la condición de no cometer “delito doloso” en el plazo de cuatro años.
Asimismo, el Ejecutivo ha tenido en cuenta el expediente de indulto de Jesús David González Sariego, condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, como responsable de un delito contra la salud pública, a una pena de tres años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena y una multa de 35.041,73 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros que quedaran impagados, por hechos ocurridos en 2020.
En este caso, el ministro de Justicia ha propuesto dejar sin efecto la pena privativa de libertad aún pendiente, tras valorar los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto”.
Indultos por tráfico de drogas y lesiones
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al indulto de Natalia Diéguez Egea, condenada por la Audiencia Provincial como autora de un delito de tráfico de drogas “en la modalidad de causar grave daño a la salud”, castigado con dos años de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 625 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada 50 euros no abonados, por hechos cometidos entre 2016 y 2017. El perdón se otorga siempre que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de dos años.
Finalmente, se ha concedido el indulto a José Rodríguez Cortés, condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por un delito de lesiones, con una pena de un año y seis meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años.
También fue condenado por un delito de amenazas a un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio y la prohibición de aproximarse a los perjudicados a una distancia inferior a 500 metros, así como de mantener contacto con ellos por cualquier medio durante tres años, por hechos cometidos en 2020. A la vista de los informes del tribunal y de la Fiscalía, se considera que “concurren razones de justicia y equidad” para indultar las penas de prisión aún pendientes, condicionando el perdón a que no vuelva a cometer un delito doloso en los próximos tres años.