El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, en su reunión ordinaria, la desclasificación de la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, coincidiendo con el 45º aniversario de aquellos hechos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la decisión en un mensaje en la red social 'X', donde afirmó que "la memoria no puede estar bajo llave" y subrayó que estos materiales se harán públicos para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".
El jefe del Ejecutivo añadió que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y expresó su agradecimiento a quienes abrieron camino. La ministra portavoz, Elma Saiz, detallará la medida en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.
Fuentes de Moncloa precisan que la desclasificación se hará efectiva el miércoles 25, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, los documentos podrán consultarse por cualquier persona interesada a través de la página web oficial de Moncloa.
Entre el material pendiente de ver la luz figura el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo, integrado por 89 legajos que contienen grabaciones originales y declaraciones de los encausados; los fondos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de entonces denominado CESID, con sus informes internos y las transcripciones de las escuchas realizadas la noche del golpe, catalogadas como "alto secreto"; así como comunicaciones de la Casa Real, de Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.
El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada destinado a sustituir la normativa franquista sobre secretos oficiales, que fue enviado al Congreso de los Diputados y sigue en tramitación parlamentaria.
Ese texto fija la desclasificación automática a los 45 años para los documentos considerados "alto secreto"; a los 35 años para los catalogados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". La fecha coincide precisamente con los 45 años transcurridos desde el intento de golpe del 23 de febrero de 1981.
En el 'tuit' difundido por Sánchez se incluye un vídeo con la intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento, ante la presencia del presidente, en la que le reclama que levante el secreto sobre todo lo posible relacionado con el 23-F.
Cercas, autor del libro 'Anatomía de un instante' sobre el 23-F, señalaba entonces que "siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el 23 F", por lo que instó al presidente a que desclasificara "hasta donde pueda" todo lo que exista sobre aquel episodio.
"No cambiará nada la interpretación del golpe de Estado porque la vedad la sabemos, y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras", concluía el escritor.
Reacciones políticas a la desclasificación
Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, puso en duda que los papeles del 23-F "vayan a descubrir algo" desconocido y sostuvo que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente". En una línea similar se expresó el líder de Vox, Santiago Abascal, que instó a Sánchez a actuar igual con los "negocios de alterne" que habrían financiado su "carrera política".
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, valoró positivamente la apertura de los archivos del 23-F, aunque advirtió que "no es suficiente" y defendiendo la urgencia de aprobar la ley de información clasificada. En términos parecidos se pronunció el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que consideró la medida una "buena noticia" y reclamó derogar la "infame "ley de secretos oficiales del franquismo de 1968", una exigencia que también reiteraron desde Podemos.
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, se mostró más dura y llegó a tildar la iniciativa de "cortina de humo" ante la falta de liderazgo de Sánchez. Por su parte, Bildu y el PNV emplazaron al presidente a ejercer una memoria histórica "de verdad" y no limitarse a aprovechar el aniversario del 23 de febrero de 1981 para levantar el secreto sobre esos documentos, recordando que siguen clasificados otros expedientes relativos a episodios anteriores, como el 'caso Zabalza' o los crímenes del GAL.