El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este sábado que la Administración regional actúa “en el marco de la Constitución y de la legalidad” en lo relativo al acceso y uso de los servicios públicos por parte de la población migrante, al ser cuestionado por la exigencia de Vox de establecer la 'prioridad nacional' en comunidades como Extremadura o Aragón.
En unas declaraciones a la prensa tras participar en el acto por el 40º aniversario del atentado de ETA en la calle Juan Bravo de Madrid, García Martín ha detallado que, para poder optar a determinados servicios y prestaciones públicas, ya se exigen varios años de empadronamiento, que varían según la comunidad autónoma. Ha puesto como ejemplo las ayudas a la natalidad o a la compra de vivienda en la Comunidad de Madrid, donde se requieren cinco y diez años de empadronamiento, respectivamente.
“Por tanto, por supuesto que ya se viene trabajando en el marco de la Constitución, en el marco de la legalidad, precisamente para que aquellas personas que han contribuido y que han cotizado puedan tener acceso a los servicios públicos en condiciones óptimas. Y creo que eso es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por parte de todas las administraciones públicas”, ha añadido.
El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha subrayado, además, que “la presidenta de Extremadura va a ser Guardiola y el presidente de Aragón va a ser Azcón”, ambos dirigentes del Partido Popular, y que serán ellos quienes “van a marcar la política” en dichas comunidades.
“En este contexto, ha sido el Partido Popular el que ganó las elecciones y el que ha podido formar gobierno con dos presidencias muy importantes en Extremadura y en Aragón, que van a seguir transformando los servicios públicos y que va a seguir mejorando la calidad de vida, tanto en Extremadura como en Aragón, gracias a las políticas del Partido Popular”, ha concluido.