El Ejecutivo central sostiene que ya ha asumido todas las consecuencias políticas necesarias en relación con el caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y no baraja adoptar nuevas medidas internas, incluso en el supuesto de que el juicio por el caso mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo concluya con una sentencia condenatoria.
Según explican fuentes gubernamentales, en su día se tomaron las decisiones que consideraban oportunas, en referencia a la expulsión de Ábalos del PSOE tras la detención de su antiguo asesor Koldo García por presuntas prácticas corruptas.
Desde Moncloa recalcan que aquellas decisiones fueron “muy dolorosas” porque implicaron apartar a un compañero del partido y del Gobierno en quien habían depositado su confianza y al que seguían viendo como una persona honesta, pese a que durante meses se fueron conociendo informaciones que le señalaban.
Recuerdan asimismo que su marcha supuso un golpe interno por “el daño que hizo a la organización” prescindir de un dirigente con la trayectoria de Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, exministro de Transportes y antiguo ‘número tres’ del PSOE.
El Ejecutivo no prevé nuevas revelaciones ni más costes políticos
El juicio que ha arrancado este martes en el TS aborda el presunto cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario durante la pandemia y sienta en el banquillo a Ábalos, a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En el Gobierno tratan de exhibir calma y de restar dramatismo al proceso.
Las fuentes consultadas se muestran seguras de que el Ejecutivo no adoptará más decisiones que las ya conocidas porque dan por hecho que no aflorará información novedosa durante la vista oral que pueda erosionar aún más al Gobierno de Sánchez.
En el Consejo de Ministros sostienen que los pormenores del caso ya han salido a la luz y que, por tanto, el juicio se limitará en buena medida a reiterar lo que se ha ido publicando hasta ahora. A su juicio, el desgaste político que este asunto ha provocado en el Gobierno ya se ha producido y consideran el episodio políticamente amortizado.
Este mismo martes, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se expresó en esa misma línea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada en varias ocasiones por si el Gobierno piensa asumir nuevas responsabilidades en caso de una eventual condena.
“Las responsabilidades se tomaron”, afirmó, defendiendo que el PSOE apartó a Ábalos y que, por tanto, tiene “tolerancia cero” con la corrupción, a diferencia del PP que, ha dicho, “destruyó pruebas a martillazos”.
Moncloa contrapone el caso Ábalos al alcance de la trama Kitchen
En paralelo, en el Gobierno confían en que el impacto político de este juicio quede diluido por el otro gran proceso por corrupción que acaba de iniciarse en la Audiencia Nacional, el “caso Kitchen”, que investiga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior bajo el mandato de Mariano Rajoy por un presunto dispositivo de espionaje financiado con recursos públicos.
Los socialistas insisten en que la magnitud de ambos procedimientos no es equiparable y remarcan que en la causa “Kitchen” se juzga a mandos policiales que habrían cometido presuntos delitos siguiendo instrucciones del propio Gobierno.