La Administración General del Estado (AGE) cerró el pasado año con un nivel de acatamiento incompleto de las decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al dejar sin ejecutar en torno a una de cada diez resoluciones en las que se le instaba a entregar la información solicitada por la ciudadanía.
En detalle, el grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas por el Consejo a 31 de diciembre de 2025 —tomando en consideración las dictadas hasta el 30 de septiembre— se sitúa en el 84,8%, lo que supone 581 peticiones de información atendidas por la AGE. No obstante, 79 (11,5%) no se llegaron a satisfacer y 25 (3,6%) expedientes terminaron en la vía contenciosa, sin que por ahora exista sentencia firme en ninguno de ellos.
Cuando una persona o colectivo no recibe respuesta en plazo o entiende que la información remitida por una administración es insuficiente o errónea, tiene la posibilidad de presentar, de forma gratuita y potestativa, una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Este organismo examina el expediente y emite una resolución motivada en un máximo de tres meses, de obligado cumplimiento para la administración afectada, aunque posteriormente pueda ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Solicitudes sobre viajes oficiales y la DANA de Valencia
Entre las peticiones que la Administración estatal no facilitó en 2025, a las que ha tenido acceso Europa Press, figuran varias relacionadas con los gastos de representación y los vuelos efectuados en el Falcon y en otras aeronaves oficiales por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se denegó otra solicitud relativa a la documentación disponible durante el inicio de la dana que afectó a Valencia en 2024, las decisiones adoptadas y los motivos por los que no pudo adelantar su regreso a España durante su visita oficial a India en esas fechas.
Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha dado respuesta a la petición del informe íntegro elaborado por el Comité para el Análisis del apagón del 28 de abril, que debía incluir la cronología pormenorizada de los hechos desde 12 horas antes de la interrupción del suministro hasta su restablecimiento completo, con horarios concretos por áreas geográficas, entre otros aspectos.
En esta misma línea, el Consejo de Transparencia ha reclamado sin éxito al departamento de Sara Aagesen un informe detallado sobre las centrales eléctricas situadas en territorio nacional con capacidad de arranque en negro y la situación operativa de dichas instalaciones durante el apagón.
También permanecen sin atender varias reclamaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda para conocer la retribución de los directivos del Consejo de RTVE y los criterios del nombramiento discrecional de su personal. Además, no se respondió a una petición al ente público relativa a las actas con las puntuaciones del jurado que seleccionó las canciones del Benidorm Fest 2025.
Interior, Policía Nacional y violencia machista
Al Consejo de Transparencia tampoco le consta que el Ministerio del Interior haya proporcionado información sobre distintas solicitudes vinculadas con la Policía Nacional: autorizaciones de compatibilidad para ejercer actividades privadas, productividad, atestados, comisiones de servicio, provisión de plazas, excedencias voluntarias y participación de los agentes en actos oficiales.
Por otro lado, el Ministerio de Igualdad no ha atendido la reclamación relativa al desglose del número total de víctimas mortales de violencia de género que estaban inscritas en VioGén y que han sido asesinadas por su agresor.
Cuando las resoluciones del Consejo de Transparencia no satisfacen a quienes reclaman la información, estos pueden acudir a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, presentando recurso directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en la normativa.
Así ha ocurrido en 2025, entre otros supuestos, con un recurso contra la negativa del Ministerio del Interior a facilitar el informe de prevención de riesgos laborales relativo al suceso del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, en el que una narcolancha embistió a una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y murieron dos guardias civiles.
Recursos por Cercanías, Eje Atlántico e inspecciones a partidos
También ha sido impugnada ante los tribunales la negativa del Ministerio de Transportes a entregar los datos detallados de las incidencias con afectación al servicio registradas entre 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías de Valencia. De igual forma, figura otro recurso sobre las incidencias producidas desde el 1 de septiembre de 2023 en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo.
Igualmente ha terminado en la vía contencioso-administrativa la falta de información, por parte del Ministerio de Hacienda, sobre el detalle de las inspecciones, resoluciones o procedimientos iniciados por la Agencia Tributaria desde el año 2000 hasta la actualidad a los partidos PP, PSOE, Vox y Podemos que hayan concluido con sanción o archivo.
Los tribunales deberán pronunciarse, además, sobre la ausencia de respuesta del departamento que encabeza María Jesús Montero respecto a los informes semestrales de inversión territorializada del Estado en cada comunidad autónoma correspondientes al segundo semestre de 2022, todo 2023 y el primer semestre de 2024, así como sobre los criterios de reparto territorial de las inversiones y el grado de ejecución presupuestaria por territorio.