El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha difundido este miércoles la ampliación de las indemnizaciones aprobada por el Gobierno para quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes “por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia” entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, tal y como recoge la nueva normativa. Quedan, no obstante, excluidas las personas que “hayan pertenecido o pertenezcan a banda o grupos armados terroristas”.
La medida se articula como una disposición adicional que modifica la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, con el fin de extender un sistema de compensaciones que hasta ahora solo alcanzaba a quienes hubieran perdido la vida entre 1968 y 1977, es decir, un año menos de lo que se reconoce a partir de ahora. Además, se revisan al alza las cuantías fijadas por la Ley 52/2007, que establecía 135.286,50 euros por fallecimiento, y que pasan a ser 250.000 euros.
El Ejecutivo también actualiza las cantidades previstas para los casos de incapacidad. La reforma incrementa la indemnización de 90.191 euros a 180.000 euros por “incapacidad permanente absoluta” y eleva de 135.286,50 euros hasta los 500.000 euros la compensación por “gran incapacidad”. Las personas que ya hubieran cobrado una cantidad al amparo de la normativa de 2007 podrán reclamar ahora la diferencia que les corresponda.
Estas ayudas estarán exentas de tributación por IRPF y se abonarán “directamente a las propias personas” afectadas en los supuestos de lesiones, mientras que, en caso de fallecimiento, el pago se dirigirá a los hijos y al cónyuge. Si no existieran, la norma establece que la perciban, por este orden y con carácter excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y, en último término, los hijos de la persona conviviente.
El Gobierno explica que las compensaciones contempladas en la ley de 2007 solo llegaron “a la cuarta parte de las solicitudes presentadas” y “ha planteado dudas” acerca de si “cubrió todos los supuestos” que “puedan considerarse adecuados” para quienes “lucharon por la libertad y la Democracia”.
Por este motivo, se amplía el periodo temporal, al entender que era “inferior” al fijado en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que reconoce a quienes se enfrentaron a la dictadura desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la actual Constitución en 1978.
Las nuevas cantidades se han determinado “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido” desde 2007 y “homologándolo con otros regímenes reparadores”, según se detalla en el texto publicado en el BOE.