El Ejecutivo está intentando encontrar una fórmula que permita poner en marcha el Tratado de Amistad firmado con Francia en enero de 2023, después de que el Congreso tumbara su ratificación el pasado mes de mayo y de que el Tribunal Constitucional haya decidido esta semana no pronunciarse sobre el recurso planteado por el Senado a instancias del PP, al entender que el rechazo de la Cámara Baja bloquea su validación.
“El Gobierno sigue trabajando para que entre en vigor el Tratado de Amistad con Francia, que será beneficioso para nuestros ciudadanos en múltiples aspectos”, se limitan a señalar fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press tras el último revés que ha supuesto la decisión del Constitucional.
El principal obstáculo para la ratificación del Tratado de Amistad, suscrito por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Barcelona en 2023 durante la cumbre bilateral, es la cláusula que contempla la participación de un ministro en las reuniones del Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y de manera rotatoria.
Para permitir este extremo, primero fue imprescindible retocar la Ley del Gobierno de 1997, cuyo artículo 5.2 establece que “a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello”, sin prever la presencia de ningún representante extranjero.
El Ejecutivo realizó un primer intento frustrado introduciendo una enmienda a la Ley de Paridad en abril de 2024, pero finalmente logró modificar la redacción de ese precepto mediante una enmienda a la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en noviembre de ese año. Con ello se añadió la coletilla: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España”.
Con el tiempo en contra, dado que Francia ya había completado su proceso interno de ratificación, el Consejo de Ministros acordó por fin el 28 de enero remitir el Tratado de Amistad a las Cortes y tramitarlo por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de reducir a la mitad los plazos parlamentarios ordinarios.
Recurso del Senado impulsado por el PP
No obstante, el Gobierno se encontró con la oposición del PP que, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, aprobó el 12 de febrero la presentación de un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Los de Alberto Núñez Feijóo argumentaban que el artículo que autoriza a ministros franceses a acudir al Consejo de Ministros “podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española”, en relación con la eventual presencia del Rey como único asistente a ese órgano que no forma parte del Gobierno.
Mientras el Constitucional examinaba el recurso, el Tratado de Amistad continuó su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde superó un primer escollo en la Comisión de Exteriores gracias a la abstención del PP, que alegó que aguardaba al pronunciamiento del TC. También se abstuvieron entonces Podemos y Junts, mientras que Vox se posicionó en contra.
De este modo, el tratado --que por su carácter internacional necesita la autorización de las Cortes para entrar en vigor-- llegó al Pleno del Congreso el 14 de mayo para su debate y votación. En esa sesión, el PP votó en contra, al igual que Vox y UPN, pero fueron las abstenciones de Junts y Podemos las que impidieron al Gobierno reunir la mayoría requerida.
En ese escenario, la única opción del Ejecutivo para poder ratificar el acuerdo dependía de que el Constitucional desestimara el recurso del Senado o, al menos, concluyera que no era contraria a la Carta Magna la presencia de representantes de otros Estados en el Consejo de Ministros.
Revés del Constitucional y dudas sobre los próximos pasos
Sin embargo, este miércoles el Tribunal Constitucional optó por no entrar en el fondo del recurso del Senado tras el rechazo del Congreso a la ratificación del tratado. En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo, se precisa que la declaración solicitada por la Cámara Alta “ha de ser previa a la ratificación del tratado en cuestión y, tras la denegación de la autorización por el Congreso, el tratado no puede ser ratificado válidamente por España”.
En estas circunstancias, desde el Gobierno no detallan qué alternativas se barajan para conseguir la ratificación del Tratado, pese al efecto que este bloqueo está teniendo en la relación bilateral con Francia, país con el que en principio debería haberse celebrado este año una nueva Reunión de Alto Nivel y que, por el momento, no se ha convocado, ya que en París consideran que carecería de sentido si no se ha culminado el principal acuerdo alcanzado en la anterior cita.
Más allá de subrayar que siguen “trabajando” para su ratificación, en el departamento que dirige José Manuel Albares --quien en enero de 2024 aseguró a su homólogo francés que el tratado estaría ratificado antes de ese verano-- no concretan si se intentará de nuevo su aprobación en las Cortes o si se estudia la opción de eliminar el artículo que ha provocado toda la polémica.
“La voluntad del Gobierno es y siempre ha sido que entre en vigor”, han defendido las fuentes consultadas por Europa Press, que recalcan que si esto no se ha logrado “es por el voto en contra del PP rechazándolo”, algo que el propio Albares ha reprochado a los de Feijóo en varias de sus intervenciones en sede parlamentaria.