La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, no se encuentra encausado ni es objeto de investigación judicial, tras las informaciones que le atribuyen la creación de un entramado societario para eludir el pago de impuestos.
Montero ha precisado que Cabezón mantuvo vínculos con una firma dedicada al “asesoramiento fiscal y financiero” en el marco de su actividad profesional privada y “hace más de diez años”, recalcando, además, que no tiene ninguna “cuenta pendiente” con los tribunales.
“Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de hace más de diez años, pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas”, ha indicado la vicepresidenta primera.
También ha remitido al comunicado difundido el día anterior por el propio Cabezón y que, en su opinión, “aclara” varios aspectos de este asunto, según ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
Relación con el despacho Nummaria y acusaciones de ingeniería fiscal
Cabezón, integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE, reconoció la noche anterior que contrató al despacho Nummaria, pero rechazó haber articulado “laberintos societarios” para defraudar a Hacienda y afirmó que siempre ha respetado sus obligaciones fiscales.
Con estas declaraciones respondía a una información de 'El Confidencial' que le vincula con una supuesta “ingeniería fiscal” apoyada en empresas pantalla y testaferros para reducir la factura tributaria.
El responsable socialista explicó que la sociedad que creó y en la que desarrolló su labor entre 2008 y 2011 recurrió a los servicios de Nummaria por “su reconocido prestigio y reputación en aquel momento”. Reiteró, además, que durante esos años “toda” su actividad económica “tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno”.
Asimismo recordó que el denominado caso Nummaria, que llegó a los tribunales en 2016, concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional tras una década de pesquisas, en la que se determinó en algunos supuestos la responsabilidad y en otros la ausencia de responsabilidad de los clientes del bufete.
Según señaló, su empresa jamás recibió notificación del juzgado que instruyó la causa y nunca diseñó “laberintos societarios”. Finalmente advirtió de que, si continúan las publicaciones “difamatorias” sobre su persona, se reserva la posibilidad de emprender acciones legales.