El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, ha hecho este lunes un llamamiento a “creer, defender y cuidar” la Constitución de 1978, que, a su entender, hoy sería imposible volver a acordar. En este contexto, ha reclamado al Senado que ponga en marcha la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC) “por mandato constitucional” y legal.
En la clausura de la jornada “La Constitución española de 1978. Estabilidad, longevidad y continuidad constitucional. Logros y retos pendientes”, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Simancas ha sostenido que el TC es un órgano “parcialmente agotado, parcialmente ya caducado” y ha denunciado “un retraso una vez más injustificado e inaceptable” en su actualización.
“El Tribunal Constitucional, en parte, caducó en el mes de diciembre”, ha remarcado, instando a la Presidencia del Senado “a llevar a cabo lo que le corresponde, lo que le mandata la Constitución”. Además, el secretario de Estado ha recurrido a la ironía al referirse a la Cámara Alta “como fuente inagotable de estabilidad y de política productiva, constructiva”.
Una legislatura “constitucionalmente activa”
Durante su intervención, Simancas ha subrayado que España vive “una legislatura constitucionalmente activa en materia de reforma” y ha resaltado la culminación de la modificación del artículo 49 de la Constitución, que actualizó el texto para reforzar los derechos, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en igualdad real, suprimiendo el término “disminuidos”.
Asimismo, ha señalado que el Congreso acaba de admitir a trámite otra reforma promovida desde Baleares para que, “si todo termina bien”, Formentera cuente con un nuevo senador propio, y ha recordado que, en forma de anteproyecto de ley, se tramita otra reforma relativa “sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Simancas ha puesto en valor que la Carta Magna de 1978 está a punto de convertirse en la de mayor duración y ha avanzado una campaña institucional estatal para conmemorar este hito, que incluirá una sesión conjunta de las Cortes Generales presidida por los Reyes este martes en el Congreso.
El interés general como eje de la Transición
Ha sostenido que hay razones para celebrar la Constitución “en su letra” y también “como música”, aludiendo a su “espíritu” y “alma constitucional”, al considerar que fue elaborada “desde una actitud inusual”, situando “el interés general” por encima de los intereses particulares y fijando “el límite a mis derechos y a mi libertad, en tus derechos y en tu libertad”.
El secretario de Estado ha asegurado que aquella fue “la gesta más importante de nuestra historia” y ha expresado su “gran admiración” por la generación que la hizo posible. “Hoy no seríamos capaces de hacer esta Constitución. Hoy hay algunos actores que quieren hacernos retroceder a tiempos que deberíamos haber olvidado”, ha lamentado.
Simancas ha defendido que la discrepancia y la confrontación forman parte “del juego democrático” y son “consustanciales” y “sanas”, aunque ha advertido de “un problema con la quiebra de algunas de las creencias que fundamentan la convivencia democrática”. “Hoy hablar de política, hablar de ideología es peyorativo. Se prescinde de los datos, incluso de la verdad, en el discurso político”, ha criticado.
Bloqueo político y derechos humanos
En esta línea, ha señalado que hay grupos parlamentarios que han optado por “no parlamentar con el Gobierno” y ha explicado que, como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, se encuentra con formaciones “obligadas a parlamentar” que rehúsan dialogar con el Ejecutivo. “A mí no me cogen el teléfono”, ha señalado.
Simancas también ha salido en defensa del Plan Nacional de Derechos Humanos y ha relatado que, en una comisión parlamentaria, se le llegó a afirmar que “hay demasiados derechos humanos” y que “estamos exagerando con los derechos humanos”.
En relación con el sistema electoral, el responsable de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Gobierno ha sostenido que “ha funcionado”, aunque ha admitido que no existe “un consenso absoluto al respecto”. En cuanto a las reformas constitucionales, ha apelado a la prudencia y ha insistido en que deben sustentarse “desde luego el consenso”.