El Gobierno central ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la medida fiscal aprobada por La Rioja en apoyo al medio rural, al entender que “está incurriendo en competencias de otra administración”, según ha señalado este miércoles la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales de la comunidad, centrados específicamente en los incentivos al entorno rural.
La medida cuestionada consiste en una deducción de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), diseñada para favorecer la permanencia de población ocupada en los municipios rurales riojanos.
En virtud de esta norma, los contribuyentes con residencia habitual en un municipio de La Rioja que pongan en marcha una actividad agraria como autónomos pueden aplicarse una deducción de mil euros en la declaración del ejercicio en el que comiencen su actividad, siempre que mantengan la residencia y la actividad durante los doce meses posteriores al alta.
La Abogacía del Estado fundamenta el recurso en que se trata de una deducción que excede las competencias normativas de las comunidades autónomas, al estar directamente ligada al ejercicio de actividades económicas, ámbito en el que el Ejecutivo central considera que la capacidad autonómica es limitada.
Arraiz ha recordado que, aunque el IRPF sea un tributo parcialmente cedido, el Estado sostiene que “la normativa básica” corresponde fijarla al Gobierno de España, que es quien marca el marco general dentro del cual pueden actuar las autonomías.
Ha detallado que el Ejecutivo central entiende que La Rioja “está incurriendo en competencias de otra administración” y que se ha optado por activar el procedimiento ante el Constitucional después de no lograr un entendimiento en la comisión bilateral entre ambas administraciones.
“Es más habitual de lo que parece este tipo de situación en todas las comunidades autónomas, lo que ha ocurrido aquí es que el Estado ha considerado que la comunidad autónoma de La Rioja está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete”, ha indicado la delegada, enmarcando el conflicto en la interpretación de los límites competenciales en materia tributaria.