El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha encabezado este lunes la puesta en marcha del Consejo de la Memoria Democrática, un órgano colegiado y de carácter consultivo que servirá para el seguimiento del plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación. En este foro participarán asociaciones memorialistas, organizaciones empresariales, sindicatos y los abogados Baltasar Garzón y Cristina Almeida, entre otros perfiles.
Según ha detallado el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, entre las funciones principales del Consejo figura informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática y trasladar propuestas sobre disposiciones reglamentarias vinculadas al desarrollo de la Ley.
Asimismo, este órgano elaborará informes y recomendaciones sobre la política de memoria democrática, y analizará y dictaminará sobre las medidas destinadas a cumplir los objetivos de la Ley de Memoria Democrática mediante la actuación de las entidades memorialistas. También evaluará las subvenciones y ayudas que convoque cada año la Administración General del Estado (AGE) para estos fines.
Torres ha expresado su reconocimiento a los integrantes del Consejo por su implicación y por su disposición a “divulgar el valor de la Memoria Democrática, la dignidad de las víctimas y dar garantías de no repetición”. “Es fundamental que la sociedad conozca cómo se logró la democracia y que se pongan en valor los derechos de los que hoy disfrutamos frente a la dictadura que nos sumió 40 años en un régimen totalitario y de ausencia de libertades”, ha subrayado.
SIN RETRIBUCIÓN Y ACCESO A ARCHIVOS
El Ejecutivo subraya que los miembros del Consejo no recibirán remuneración por el desempeño de sus funciones ni por asistir a las reuniones. A cambio, podrán acceder, conforme a la normativa vigente, a archivos y fondos documentales tanto de titularidad pública como privada.
La Presidencia del Consejo recae en el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que será el responsable de convocar las sesiones, fijar el orden del día —considerando, en su caso, las peticiones del resto de integrantes—, dirigir las reuniones y moderar los debates. También le corresponde dirimir los empates con su voto de calidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y visar las actas y certificaciones de las sesiones.
El Consejo celebrará reuniones ordinarias cada seis meses y podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida la Presidencia por iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS
Quienes formen parte de este órgano tendrán entre sus cometidos recibir la convocatoria con el orden del día y la documentación de los asuntos a tratar, proponer la inclusión de nuevos puntos, intervenir en las deliberaciones, ejercer su derecho al voto y formular votos particulares, además de dejar constancia del sentido de su voto.
Junto a Torres, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, asumirá la vicepresidencia. Además, se incorporarán vocales en representación de distintos ministerios, el titular de la Dirección del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el titular de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.
También se integrarán hasta diez asociaciones memorialistas de diversa naturaleza, “profesionales de reconocido prestigio que se hayan distinguido por sus actividades en el campo de la recuperación de la memoria democrática”; representantes de las organizaciones sindicales y de la CEOE y CEPYME, así como una secretaría.
UNA COMISIÓN SOBRE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS
En el seno del Consejo se constituirá la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura, cuya misión será contribuir al esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra y la dictadura. Para ello, recabará testimonios, información, documentos y otros antecedentes que permitan, con objetividad e imparcialidad, formular conclusiones y recomendaciones orientadas a la reparación de las víctimas y a evitar que estos hechos se repitan.
Esta Comisión estará formada por un máximo de diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico o profesional y en el campo de los derechos humanos. Su designación corresponderá al propio Consejo, mediante acuerdo aprobado por una mayoría de, al menos, tres quintos. En la elección se valorarán trayectorias de acreditada solvencia profesional en los ámbitos académico, jurídico y científico, y se respetará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo causas fundadas y objetivas, debidamente justificadas.
En el mismo acuerdo de designación, el Consejo nombrará, de entre los miembros de la Comisión, a la persona que ostentará la Presidencia, encargada de coordinar el trabajo del resto de integrantes.
La Comisión deberá culminar su labor en un plazo máximo de dieciocho meses desde su constitución, momento en el que entregará su informe con las conclusiones y recomendaciones. Con la presentación de dicho documento quedará extinguido el mandato de sus miembros.