El Gobierno de España ha dado un nuevo impulso a su apoyo a los municipios golpeados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre y noviembre de 2024, avanzando un paso más en las tareas de reconstrucción y en la preparación frente a futuras emergencias climáticas.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado una nueva orden que “amplía y flexibiliza” las ayudas ya aprobadas, de forma que las entidades locales podrán “no solo reparar los daños sufridos, sino también mejorar, ampliar y adaptar sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones”, según ha señalado el Ejecutivo en un comunicado.
La Orden TMD/1586/2025, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, introduce cambios sobre la Orden TMD/101/2025 y entra en vigor de forma inmediata, ajustando el sistema de subvenciones al enfoque que impulsa ahora el Gobierno: reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas para los efectos del cambio climático.
Mediante la Orden TMD/101/2025, el Ministerio había otorgado 1.745 millones de euros, pagados por adelantado, a 78 entidades locales —77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia— para sufragar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios dañados por la riada, “uno de los episodios meteorológicos más graves de la historia reciente”.
Con la nueva norma, el Ejecutivo amplía el uso de esos fondos para que puedan cubrir también la mejora y ampliación de infraestructuras municipales afectadas; la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático; la construcción de nuevas infraestructuras municipales destinadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones; la compra de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas, así como la financiación de asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la adecuada justificación de los proyectos.
La orden refuerza igualmente la coordinación institucional, al atribuir al Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana las tareas de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, funciones que hasta ahora correspondían a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Este ajuste en la gobernanza permitirá acelerar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y asegurar un control “más eficaz” sobre unas inversiones consideradas clave para la recuperación de los territorios afectados.
La iniciativa se integra en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, centrada en el relanzamiento económico, la vuelta a la normalidad de los municipios golpeados por la tragedia y la prevención ante nuevas emergencias climáticas.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de “no limitarse a reparar los daños, sino de avanzar hacia un modelo de reconstrucción que proteja mejor a la ciudadanía, refuerce los servicios públicos y prepare a los municipios frente a los retos climáticos del futuro”.