El Gobierno ha reiterado ante Sumar que está "plenamente comprometido" con la organización del Mundial de Fútbol de 2030 "desde el punto de vista deportivo" y también "con los principios de respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social", una aclaración que llega tras las dudas planteadas por su socio de izquierdas a raíz de la represión de las protestas del pasado verano en Marruecos.
Esta contestación se produce en respuesta a una pregunta escrita registrada por los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Toni Valero, que reclamaban al Ejecutivo que se pronunciara sobre la coherencia de la participación de España, junto a Marruecos y Portugal, en el Mundial de Fútbol, así como sobre las medidas concretas impulsadas para garantizar el respeto a los Derechos Humanos, tras las restricciones al derecho de manifestación y las "detenciones sistemáticas" en el país vecino.
En el escrito remitido al Congreso, al que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo insiste en que España asume de forma plena la organización de este campeonato tanto en el plano deportivo como en lo relativo a los principios de respeto a los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la inclusión social.
“REFERENTE POSITIVO PARA EL DEPORTE Y LA SOCIEDAD”
El Gobierno destaca además que la reciente puesta en marcha de la Comisión Interministerial, la aplicación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el 30 de julio "reflejan ese compromiso" y la intención de que el Mundial sea "un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto".
En esta línea, el Ejecutivo remarca que este "firme compromiso" con la protección y promoción de los DDHH abarca el conjunto de su acción política, tanto en el ámbito interno como en el exterior, y subraya que España, como miembro activo de la UE y de acuerdo con la normativa vigente, trabaja de forma constante para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos.
El Gobierno recuerda igualmente que España "se compromete" a salvaguardar los DDHH al suscribir y participar en numerosos tratados, convenios y marcos normativos, tanto internacionales como nacionales, dejando claro que, de este modo, el Ejecutivo "garantiza la plena observancia de los Derechos Fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión".