El Gobierno ha dado luz verde en segunda vuelta al proyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas y lo enviará ahora a las Cortes Generales, con el fin de reforzar la seguridad de los servicios esenciales vinculados a sectores estratégicos como la energía, el transporte, la sanidad, el suministro de agua o la propia Administración pública.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la norma persigue también "apoyar a las entidades públicas o privadas que operan con las infraestructuras críticas".
Según ha subrayado el titular de Interior, "queremos ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan. Son servicios indispensables para mantener las funciones sociales o actividades económicas vitales, no solo en el ámbito nacional, sino también dentro de la Unión Europea", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con esta iniciativa legislativa, España se alinea con las obligaciones europeas derivadas de la Directiva CER y actualiza su marco normativo para hacer frente a amenazas cada vez "más dinámicas y complejas", que abarcan desde desastres naturales hasta sabotajes, "pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas", y todo ello "hacerlo siempre en un entorno de crecientes interdependencias entre las infraestructuras y los sectores implicados".
En relación con el contenido del proyecto, Marlaska ha avanzado que su puesta en marcha hará posible "la creación de un catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas". Estas organizaciones se seleccionarán conforme a unos criterios que se recogerán, en primer término, en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, que redactará la Secretaría de Estado de Seguridad y que deberá recibir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministerio del Interior.
El ministro ha precisado que la Secretaría de Estado de Seguridad "elaborará, custodiará y mantendrá actualizado" ese catálogo de entidades consideradas estratégicas, en el que, junto a sectores clásicos como la energía, la salud o el transporte, se sumarán "nuevos sectores, como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales, entre otros".
El texto legal se aplicará a las entidades críticas radicadas en territorio español, con la excepción de las pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, que, aun pudiendo ser consideradas críticas, quedan fuera del ámbito de esta ley por contar con su propia regulación específica.
Igualmente, no se extenderá a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a los cuerpos policiales de las comunidades autónomas con competencias estatutarias asumidas en materia de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público, que continuarán rigiéndose por su normativa particular.
Cumplimiento de requisitos y planes de resiliencia
Marlaska ha añadido que las entidades y organismos, tanto públicos como privados, que gestionen infraestructuras críticas en sectores estratégicos y figuren en el futuro catálogo "deberán cumplir una serie de requisitos para reforzar su protección y minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación en los servicios esenciales que todas ellas prestan".
Además, estarán obligadas a diseñar un plan de resiliencia que "incluya medidas de protección física y de respuesta y mitigación frente a cualquier tipo de incidente", ha concluido el ministro del Interior.