El Gobierno ha reaccionado este sábado a la petición de Manos Limpias, que reclama 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por varios supuestos delitos de corrupción.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que el escrito de acusación “no tiene ningún valor” y minimizan tanto su alcance jurídico como político al considerar que procede de una organización cuyo objetivo principal sería atacar al jefe del Gobierno.
En Moncloa interpretan además esta solicitud de pena como un nuevo episodio dentro de una estrategia dirigida contra Sánchez, tesis que el Ejecutivo mantiene desde el inicio del procedimiento judicial.
Qué pide Manos Limpias y en qué se basa
En su condición de acusación popular, Manos Limpias solicita que Begoña Gómez sea condenada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, después de que el juez instructor Juan Carlos Peinado propusiera sentarla en el banquillo junto a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La organización forma parte de la acusación popular unificada, coordinada por Hazte Oír, encargada de presentar un escrito conjunto en nombre de las partes personadas. Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación sostiene que Gómez se habría prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que posteriormente dirigiría.
El caso añade presión política sobre el Ejecutivo en un momento de alta confrontación institucional y con la estrategia del Gobierno centrada en denunciar una judicialización de la vida pública.