En los últimos días, el Gobierno había sostenido que no contemplaba dividir el real decreto ley que recogía la revalorización de las pensiones y las medidas del escudo social. Sin embargo, finalmente ha optado por modificar su planteamiento, alegando que así aumenta las probabilidades de que el conjunto de las iniciativas salga adelante en el Congreso.
Según explican fuentes del Ejecutivo, la idea inicial consistía en someter de nuevo al Consejo de Ministros, en un único paquete, tanto la subida de las pagas de los pensionistas como el escudo social. En un texto aparte se pretendía incluir la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables junto con el acuerdo alcanzado con el PNV para dejar exentos a los propietarios de una o dos viviendas.
No obstante, en el último momento el Gobierno decidió aprobar en un solo decreto exclusivamente el incremento de las pensiones, atendiendo así a la petición del Partido Popular. La semana anterior, la norma había sido rechazada en el Congreso con los votos de PP y Junts porque la subida de las pensiones iba acompañada de otras disposiciones.
Aunque el Ejecutivo se había resistido a esta opción y subrayaba que los de Alberto Núñez Feijóo tendrían que justificar ante los pensionistas su rechazo, finalmente ha cambiado de postura y confía en que esta fórmula permita sacar adelante todas las medidas previstas.
Apoyo del PP a la subida de pensiones
En lo relativo a las pensiones, el trámite parlamentario se presenta menos complejo si se confirma el respaldo del PP, que este mismo martes ha reiterado que votará a favor siempre que el decreto se limite de forma exclusiva a esa cuestión.
Distinta es la situación del decreto relativo al escudo social, que requiere el apoyo de la mayoría de la investidura para ser convalidado, incluido Junts. Pese a ello, fuentes gubernamentales aseguran que no han entablado conversaciones con este grupo para asegurarse su voto.
La relación con los de Carles Puigdemont se mantiene oficialmente suspendida y desde el Gobierno insisten, tanto en público como en privado, en que no están negociando nada con ellos. Con todo, consideran que esta iniciativa "convence" y que puede obtener la convalidación cuando se someta a votación en el Congreso, en un plazo máximo de un mes.
Belarra mantiene la incógnita sobre el voto de Podemos
Las fuentes consultadas señalan que, salvo Junts y Vox —con los que el Ejecutivo no mantiene ningún tipo de interlocución—, se han producido contactos con el resto de grupos parlamentarios. Aun así, Podemos ya ha expresado su rechazo al acuerdo sobre desahucios sellado con el PNV, que permitirá ejecutar lanzamientos en viviendas de propietarios que solo dispongan de una casa en alquiler.
La secretaria general, Ione Belarra, ha definido este pacto como "acuerdo criminal" y "asco absoluto", aunque todavía no ha revelado el sentido del voto de su grupo y ha reclamado tiempo para estudiar en detalle el contenido del decreto antes de fijar posición. No obstante, ha dejado claro que lo que conoce hasta el momento "no le gusta".
La relación entre los socialistas y Podemos venía siendo tensa desde la ruptura con Sumar, si bien parecía haberse encauzado tras el acuerdo para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes. Ahora, el nuevo choque por los desahucios vuelve a abrir brecha y deja en duda la capacidad del Gobierno de Sánchez para asegurarse una mayoría estable en el Congreso.