El Ejecutivo ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el exdiputado de Unidas Podemos y fundador de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, que exigía una compensación de unos 134.000 euros por la pérdida de su escaño en octubre de 2021, consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional (TC).
La decisión figura en una resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fechada este martes 14 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press. En dicho documento se inadmite la petición formulada por el abogado Gonzalo Boyé en nombre del exparlamentario canario.
La Mesa del Congreso ya había optado en febrero del año pasado por remitir al Gobierno el expediente de esta reclamación económica, después de que el tribunal de garantías otorgara amparo a Rodríguez y anulara la sentencia condenatoria del Supremo que había acordado su inhabilitación.
Los servicios jurídicos de la Cámara Baja consideraron entonces que correspondía al Consejo de Ministros resolver este tipo de reclamaciones "contra un acto parlamentario no normativo" y derivaron el asunto al ámbito del Ejecutivo.
Rodríguez reclamaba el pago de las cantidades que dejó de ingresar desde que se le retiró el acta hasta el final de la anterior legislatura: 21 nóminas de 6.144,64 euros mensuales, lo que supondría en torno a 134.000 euros.
El Constitucional no avala una indemnización
El departamento que encabeza Félix Bolaños sostiene en su resolución que la sentencia de amparo emitida por el TC no implica "efecto indemnizatorio". A su juicio, el Constitucional da por hecho que la retirada del escaño fue la consecuencia jurídica derivada de la forma en que se configuró la condena del Supremo.
Además, el Ministerio recoge el criterio del Consejo de Estado, que advierte de que "no cabe en sede de un procedimiento de responsabilidad patrimonial efectuar una nueva y completa valoración del cauce seguido a la hora de fijar una posición a través del acto anulado".
El texto subraya igualmente que el Tribunal Constitucional "en ningún momento cuestiona" que la actuación de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo fuera "ilógico, arbitrario o temerario desde un punto de vista jurídico".
En la misma línea, se remarca que el TC no aprecia "mala praxis" y que, por tanto, debe entenderse que el exdiputado tenía "el deber jurídico de soportar el daño derivado de la resolución posteriormente anulada".
El Ministerio incide en que esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que el TC no acordara la suspensión cautelar de la sentencia recurrida y concluye que no existe responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, la resolución recuerda que cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.
Rodríguez recurrirá y no descarta acudir a Estrasburgo
Desde Drago Canarias se ha criticado en redes sociales la decisión del Gobierno, denunciando que el PSOE "nunca falta a su cita de intentar machacar a Canarias".
"El PSOE y sus socios sumisos envían un mensaje demoledor a cualquier ciudadano cuyos derechos sean violados por los poderes públicos", ha manifestado la formación en la que milita Rodríguez.
En declaraciones a la Cadena Ser, el exdiputado ha cargado contra la resolución al considerar que "no tiene nombre" y ha anunciado que presentará recurso ante el Supremo, además de mostrarse dispuesto a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera preciso. "Voy a denunciar al Gobierno y al Estado hasta que se haga justicia", ha añadido.
La retirada del escaño a Alberto Rodríguez fue uno de los episodios más tensos de la pasada legislatura. La decisión de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de ejecutar la sustitución generó fuertes reproches desde Unidas Podemos, que llegó a amenazar con querellarse contra la dirigente socialista, aunque finalmente no dio ese paso.
El Supremo había condenado a Rodríguez a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado contra la autoridad en una protesta en 2014, al considerar probado que propinó una patada a un agente de policía. A esa pena se sumaba la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El alto tribunal acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros, pero dejó claro que ese cambio no afectaba a la pena accesoria de inhabilitación, que fue precisamente la que desembocó en la pérdida de su escaño.
Tras su salida forzosa, Unidas Podemos optó por no cubrir la vacante en su grupo parlamentario, de modo que la Cámara no llegó a desembolsar las retribuciones que habría percibido un eventual sustituto.
El TC vio un sacrificio desproporcionado
Rodríguez, que abandonó Podemos al día siguiente de perder el acta, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional la condena del Supremo. El TC terminó dándole la razón al considerar que en el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales.
El tribunal de garantías concluyó que la construcción jurídica realizada por el Supremo era errónea, ya que, una vez sustituida la pena de prisión por una multa, no era posible mantener la pena accesoria de inhabilitación.
Para el TC, al conservar la inhabilitación como pena accesoria, el Supremo se apartó del principio de proporcionalidad "por implicar un desproporcionado sacrificio que produce un patente derroche inútil de coacción".
Por ello, el Constitucional anuló tanto la pena de cárcel como la de inhabilitación y dejó únicamente la multa, aunque sin efectos prácticos, puesto que la sanción económica ya había sido abonada y la inhabilitación se había cumplido con la salida de Rodríguez del Congreso.