El Ejecutivo tiene previsto presentar en junio el proyecto de urbanización ligado a las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros. Según ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el Gobierno trabaja ya en mecanismos legales para esquivar las “pegas” que, da por hecho, pondrá el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
En noviembre, el proyecto “La base y la cruz”, del estudio Pereda Pérez, se alzó ganador del concurso para resignificar el Valle de Cuelgamuros y ahora el Ejecutivo debe acompañarlo de un plan urbanístico específico para el entorno.
Durante una jornada celebrada en el Congreso y organizada por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Fernández ha avanzado que ese trámite se completará en junio y que el Gobierno cuenta con que el consistorio, gobernado por PP y Vox, tratará de obstaculizarlo. “Pero iremos directamente a una de las facultades que tiene el Consejo de Ministros para que nadie obstaculice las obras del proceso de resignificación”, ha señalado.
Martínez ha añadido que, una vez obtenido el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros está en disposición de aprobar la próxima semana, o la siguiente, el decreto que regula el banco de ADN contemplado en el artículo 23 de la Ley de Memoria Democrática.
Base estatal de ADN y censo de víctimas
Esta base de datos de ADN, de ámbito estatal y adscrita al Ministerio de Justicia, tendrá como cometido recibir y conservar los perfiles genéticos de víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares, así como de personas afectadas por el robo de bebés, con el objetivo de cruzar esa información y facilitar la identificación genética de las víctimas.
De cara a finales de año, Fernández ha avanzado que se podrá presentar un “avance sustancial” del Censo de Víctimas que se elabora junto a la Universidad de Santiago de Compostela. Este registro se nutre de archivos, bases documentales y obras de referencia, además de la información que aportan administraciones y organismos públicos, víctimas, asociaciones memorialistas e investigadores, entre otras fuentes.
En este censo se recogerán los datos sobre la represión sufrida, las circunstancias del fallecimiento o desaparición, así como el lugar y fecha de los hechos, cuando sea posible, y la procedencia de la información. Incluirá tanto a personas fallecidas o declaradas fallecidas como a supervivientes que otorguen su consentimiento expreso.
Exhumaciones, indemnizaciones y nuevas estructuras
Fernández ha repasado las políticas de memoria impulsadas en los últimos tres años, subrayando los 27 millones de euros destinados a la búsqueda de desaparecidos. Hasta la fecha se han localizado 10.000 cadáveres, aproximadamente la mitad de los que se estima que aún permanecen en fosas repartidas por todo el país.
En el complejo de Cuelgamuros se han identificado restos de 25 personas, casi todos ya entregados a sus familias. Además, se han recogido más de 500 muestras que continúan en los laboratorios a la espera de identificación y se han registrado 210 solicitudes concretas de exhumación.
El secretario de Estado ha aludido también a un estudio que cuantifica en más de 25.000 millones de euros el importe destinado, desde el inicio de la democracia, a pensiones e indemnizaciones para víctimas del franquismo, en su mayoría sufragados por la Administración General del Estado.
Ha recordado igualmente el reciente decreto ley que iguala —en 250.000 euros— las indemnizaciones de estas víctimas con las previstas para las víctimas del terrorismo y extiende hasta finales de 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución, el periodo para poder solicitarlas.
Dicho decreto se tramita ahora como proyecto de ley en el Congreso, y el Gobierno se ha comprometido a ampliar aún más el periodo temporal hasta diciembre de 1983, incorporando de forma expresa a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. A través de enmiendas se prevé además la creación de un organismo autónomo específico para la gestión del Valle de Cuelgamuros.
Por último, Fernández ha resaltado que ya se han puesto en marcha 16 cátedras universitarias de Memoria Democrática y ha mostrado su confianza en alcanzar las 24 antes de que termine el año.