El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, encabezado por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, ha reclamado a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación del impacto en el espacio Schengen de la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, Magnus Brunner, a la que ha tenido acceso Europa Press, ECR advierte de que la iniciativa “socava la credibilidad del control migratorio de la UE” y podría “desencadenar un goteo” de llegadas a Europa, dado que “las personas regularizadas podrían acceder a la ciudadanía española y europea”.
El escrito, promovido por los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco --que abandonaron Se Acabó la Fiesta para integrarse en el grupo de Meloni--, lamenta además “la falta de rigor fronterizo de España” y subraya que “sea cual sea el debate político interno en España”, una regularización “de esta magnitud no puede tratarse como un asunto puramente doméstico”.
Según el grupo conservador, “en un espacio Schengen sin controles fronterizos interiores” las “regularizaciones repetidas y a gran escala” generan un “efecto llamada”, deterioran la confianza entre los Estados miembros en la gestión eficaz de las fronteras y de la migración, y complican “la aplicación efectiva de los retornos” y de una política de visados basada en la condicionalidad.
Dudas sobre el encaje de la medida en la normativa europea
En este escenario, ECR solicita a la Comisión que elabore y haga pública “una evaluación formal de los efectos previsibles” de esta regularización sobre el espacio Schengen y de sus implicaciones operativas, incluyendo “su impacto en los movimientos secundarios, la presión sobre las fronteras exteriores, la capacidad de control y el cribado de seguridad interior”.
El grupo de Meloni también pide a Bruselas que precise si la iniciativa anunciada por Sánchez se ajusta al Derecho de la UE y a los objetivos de la política común de retorno y readmisión, así como qué salvaguardias deberían establecerse para evitar que las regularizaciones nacionales “no socaven los objetivos europeos comunes”.
Asimismo, insta al Ejecutivo comunitario a endurecer “la condicionalidad y las consecuencias” para los terceros países que no colaboren en materia de readmisión, “utilizando la política de visados y otros instrumentos de forma más coherente”, y reclama una coordinación más estrecha entre los Estados miembros para “prevenir efectos no deseados” dentro del espacio Schengen.
La Comisión Europea defiende que es una vía legal
Preguntado la semana pasada por esta regularización, el comisario de Interior Magnus Brunner recordó que corresponde al Gobierno español “decidir” qué soluciones legales ofrecer a los migrantes en España, al tratarse de una competencia nacional, y apuntó que la regularización extraordinaria es una opción legal viable para responder a las “necesidades” del mercado de trabajo.
“(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España”, valoró en una rueda de prensa Brunner.