El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha denunciado una “clarísima operación de blanqueo” de la figura de Juan Carlos I a raíz de la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981. Al mismo tiempo, ha rechazado la existencia de la supuesta nota atribuida al Comité Central del partido en la que, según esos papeles, los comunistas habrían advertido del riesgo de involucrar a la Monarquía en la asonada.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Santiago se ha referido al documento fechado el 11 de mayo de 1981, supuestamente registrado por la Dirección General de la Policía, en el que la dirección del PCE alertaría a su entonces líder, Santiago Carrillo, de las consecuencias de insistir en la presunta implicación del Rey en el golpe fallido.
“Hemos verificado en los archivos históricos del partido que esa nota no existe en absoluto”, ha afirmado con rotundidad el dirigente comunista. A partir de esa comprobación, ha puesto en duda la fiabilidad de otros materiales difundidos este miércoles y ha sostenido que “hay una nueva operación de blanqueo del papel del Jefe de Estado”.
Santiago ha subrayado que “todo el mundo coincide” en que el padre de Felipe VI “sabía lo que se estaba preparando” y que dejó pasar “muchas horas” antes de intervenir, a la espera de ver “cómo se situaban los distintos capitanes generales” y comprobar si la intentona acababa en éxito o en fracaso.
El dirigente del PCE también ha llamado la atención sobre el criterio de los historiadores que están analizando la documentación desclasificada, quienes sostienen que “faltan multitud de documentos”, que una parte relevante no se ha hecho pública y que otros habrían desaparecido. En este sentido, apuntan incluso a un capitán de los servicios secretos del antiguo CESID que “desapareció con una maleta llena de documentos”.
Por todo ello, Santiago ha reiterado que no se deben realizar “desclasificaciones a cuenta gotas” de información de hace más de cuatro décadas y ha reclamado la aprobación urgente de una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la actual norma de origen franquista, con el fin de garantizar una desclasificación automática y global cuando así se acuerde.